Este domingo 20 de mayo cuando se realizaron las elecciones presidenciales convocadas por la írrita Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA), registró un alto porcentaje de abstención en el fraude electoral que en Mérida alcanzó más del 83%.
A través del monitoreo e investigación que realizó el equipo del ODH-ULA se evidenció poca y hasta nula afluencia de electores en los centros de votación del estado, ya que lo visto en Mérida fue replicado en ciudades como Ejido, El Vigía, Tovar, Zea, Bailadores, la zona panamericana y los municipios del eje del páramo merideño.
De acuerdo a lo documentado por el ODH-ULA, la participación de votantes fue de aproximadamente 12,3% y la misma se produjo por la obligación y coacción del voto que fue público y notorio con la colocación de puntos rojos del partido de gobierno a pocos metros de los centros de electorales.
El gobierno ejerció una vez más el control político con el registro del carnet de la patria a quien votó, los directores de instituciones nacionales enviaron audios chantajeando a sus trabajadores para que salieran a votar, la movilización de personas en el sistema de transporte masivo que no prestó servicio al público pero si a los afectos del gobierno, fueron algunas de las irregularidades las cuales para el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ocurrieron.
Durante toda la jornada comicial el ODH-ULA también registró el uso de máquinas electorales en los puntos rojos para explicar y orientar a los oficialistas en cuanto al voto, así como el uso de al menos tres laptos por punto rojo para escanear los carnets.
Se valieron de la necesidad del ciudadano
Otra irregularidad que demostró el fraude electoral de este 20 de mayo fueron los reportes de ofrecimiento de dádivas a quienes participaron como movilizadores de personas hacia los centros de votación.
A quienes votaban por el presidente Nicolás Maduro y a taxistas y autobuseros, les ofrecieron 10 millones de bolívares en efectivo, más lubricantes para sus vehículos; a los ciudadanos les ofrecieron desde la noche del 19 de mayo entrega de electrodomésticos del programa “Mi casa bien equipada”.
Grupos paramilitares infringieron miedo
En Mérida hubo presencia de grupos paramilitares armados en puntos rojos, utilizados por el gobierno para reprimir y hostigar a ciudadanos, con la anuencia de las autoridades policiales y militares.
Se reportó un incidente con una señora que le tomó foto a su voto y los miembros del CEOFANB le obligaron a borrar la misma de su dispositivo móvil; a un soldado del CEOFANB se le escapó un tiro al aire del arma reglamentaria con la que custodiaba el centro electoral en el sector Humboldt y aunque no se reportaron heridos, el incidente refleja la falta de responsabilidad en la seguridad y resguardo de la integridad de los ciudadanos.
La periodista Nora Sánchez fue hostigada por parte de un miembro de un punto rojo al tomar una fotografía, recibió amenazas verbales y el vehículo en el que se transportaba fue fotografiado por quienes coordinaban ese punto de control social.
El ODH-ULA resaltó que las elecciones de este 20 de mayo son ilegales y no creíbles ya que los niveles de abstención en todo el país son altos y esa situación es característica de procesos de votación fraudulentos.
Lo ocurrido en Venezuela en estas elecciones viola las disposiciones del derecho interno, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. (Prensa ODH-ULA)
