La Asamblea Nacional declaró inexistente «la farsa electoral celebrada ayer 20 M» por estar al margen de la constitución y, en consecuencia, desconocen los supuestos resultados que eligen a Nicolás Maduro como presidente de la República, señalándolo como un usurpador del cargo.
Esta declaratoria fue hecha mediante un acuerdo aprobado por unanimidad en la sesión ordinaria de este martes en la Asamblea Nacional (AN), en el que se desconocen los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y, en especial, la supuesta elección de Nicolás Maduro Moros como Presidente de la República, quien debe ser considerado como un usurpador del cargo de la Presidencia de la República».
Exalta la decisión del pueblo de Venezuela, quien en defensa de nuestra Constitución y bajo el amparo de los artículos 333 y 350 que la misma consagra, decidió rechazar, desconocer y no convalidar la farsa convocada para el 20 de mayo, a pesar de la presión gubernamental a través de los medios de control social.
Reitera el exhorto a la comunidad internacional para que sean practicados sus buenos oficios en la oportunidad de aumentar las condiciones que deriven en la solución de la crisis humanitaria y en el restablecimiento de la democracia en el país.
LLama nuevamente a la Fuerza Armada Nacional para que cumpla y haga cumplir la Constitución y se le devuelva la soberanía al pueblo venezolano.
Convoca al pueblo de Venezuela, a todos los actores políticos, funcionarios públicos, y representantes de la sociedad civil para unir esfuerzos a los fines de diseñar una estrategia unitaria para promover un cambio político en Venezuela, orientado al restablecimiento efectivo del Estado de Derecho y de la democracia constitucional, tal y como lo ordena el artículo 333 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Ratifica el compromiso para producir los cambios políticos y constitucionales que permitan rescatar las condiciones de integridad electoral y lograr así elecciones presidenciales libres y transparentes en el 2018, tal y como lo dispone la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
