La asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA), el principal foro político del continente, debe votar este martes una resolución impulsada por Estados Unidos que permitiría suspender a Venezuela del organismo por quiebre del orden democrático.
AFP
El plenario de la 48ª asamblea debe considerar una iniciativa promovida por Washington, y presentada por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, México y Perú, que declara ilegítima la reelección de Nicolás Maduro, y llama a aplicar los mecanismos de la Carta Democrática Interamericana por “alteración del orden constitucional”, un proceso que podría derivar en la suspensión de Venezuela de la OEA.
La resolución, que fue criticada por Caracas como un “acto injerencista” en el marco de una “campaña criminal” del gobierno de Donald Trump, necesita el apoyo de la mayoría simple del total de miembros de la OEA -que oficialmente son 35, aunque activos hay 34 porque Cuba no participa.
Estados Unidos asegura tener esos 18 votos, pero intensas negociaciones diplomáticas continuaban en la sede de la OEA.
Al Grupo de Lima, un bloque crítico de Maduro y que integran otros ocho países americanos además de los seis que plantearon el texto, se habrían unido naciones caribeñas, tradicionalmente aliadas de Venezuela, que les vende su petróleo en condiciones muy favorables.
“Ahora es el momento”
Estados Unidos, que ha tildado “el régimen de Maduro” de “dictadura” y que junto al Grupo de Lima no reconoció la reelección del mandatario venezolano el pasado 20 de mayo, argumenta que la OEA debe hacer valer su compromiso con los principios democráticos.
“En nombre del presidente Trump, pido a la comunidad de naciones libres, de todo este Nuevo Mundo, que expulsen a la dictadura de Maduro de la Organización de Estados Americanos. La OEA debe representar la libertad. Y ahora es el momento”, dijo el vicepresidente Mike Pence, durante una recepción con “naciones afines” el lunes en la Casa Blanca.
Pence, quien hace un mes pidió lo mismo al visitar la sede de la OEA, dijo que los países que se sumen a esta iniciativa, “demostrarán su compromiso de forjar vínculos más fuertes con Estados Unidos”, y mencionó posibilidades de cooperación en inversiones financieras, de energía, infraestructura y seguridad.
De aprobarse esta resolución de 10 puntos, que además de facilitar el “restablecimiento del orden democrático” busca atender la crisis humanitaria en Venezuela -donde escasean productos básicos y medicinas- la suspensión no sería inmediata.
Para suspender a un Estado miembro de la OEA se debe tener dos tercios de los votos afirmativos en una asamblea general extraordinaria, cuya convocatoria también requiere 24 votos.
La suspensión, de concretarse, podría ser solamente simbólica, puesto que en abril de 2017 Venezuela solicitó su salida de la OEA, un proceso que se concreta en dos años.
“Nosotros denunciamos a la OEA y nos vamos de la OEA (…) ya van 13 meses de los 24 que tenemos que esperar para que sea efectivo. Cuando Venezuela salga de la OEA vamos a hacer una gran fiesta nacional”, dijo Maduro al criticar la “campaña criminal, macabra, de chantaje y amenaza” de Estados Unidos a los gobiernos de la región.
Venezuela es el primer miembro de la OEA en pedir el retiro voluntario de la organización en 70 años de existencia. Ni siquiera lo pidió Cuba, a pesar de que su membresía estuvo suspendida entre 1962 y 2009.
El consejo permanente de la OEA declaró en abril de 2017 que en Venezuela se había producido un quiebre inconstitucional, pero después fracasó en pronunciarse sobre el tema en su asamblea anual en Cancún.
La declaración sobre EEUU y Nicaragua
También se espera que la OEA se pronuncie sobre Nicaragua, donde protestas contra el gobierno de Daniel Ortega desde el 18 de abril dejan más de un centenar de muertos en medio de fuerte represión de la fuerza pública y grupos armados afines.
Un proyecto de declaración “de apoyo al pueblo de Nicaragua” fue presentado por Estados Unidos y por el propio gobierno nicaragüense, para sorpresa de grupos de derechos humanos.
“Nicaragua está en un punto muy distinto al de Venezuela, que ya cruzó una línea roja. Vemos por lo menos una voluntad de realizar reformas democráticas y cumplir con los pedidos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras su visita al país”, dijo a AFP una funcionaria estadounidense.
El texto llama al gobierno y a otros actores sociales a participar “constructivamente en negociaciones pacíficas para fortalecer las instituciones democráticas y la celebración de elecciones libres, justas y oportunas”.
Pero no condena explícitamente al gobierno de Ortega por los abusos, algo cuestionado por organizaciones de derechos humanos.
“No hay un reconocimiento de la responsabilidad del Estado en la comisión de gravísimas violaciones de los derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, detenciones arbitrarias y muchas más”, dijo a AFP Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
