El Gobierno de Nicaragua no se mostró hoy partidario de adelantar las elecciones, una de las exigencias de la Alianza Cívica en el diálogo nacional que pretende poner fin a una ola de violencia que no cesa y a una crisis sociopolítica que se ha cobrado la vida de, al menos, 221 personas.
Mientras este lunes se reanudaba este espacio, instalado a mediados de mayo con la mediación de la Conferencia Episcopal entre el Gobierno de Daniel Ortega y la Alianza Cívica, seis ciudades fueron atacadas por las «fuerzas combinadas» del Ejecutivo.
Los focos de la violencia fueron Diriamba, Managua, Masaya, Matagalpa, Nagarote y Tipitapa, atacados desde la noche del domingo por estos grupos integrados por policías, antimotines, parapolicías, paramilitares y grupos oficialistas, según denunció el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
Los movimientos de ciudadanos «autoconvocados» de las diversas ciudades informaron de la muerte de al menos 2 personas en Managua y 1 en Tipitapa, mientras que en Nagarote reportaron 4 heridos, uno de ellos de gravedad.
Y es que la violencia persistió en Nicaragua a pesar de que un equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se instaló con el fin de dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones y medidas cautelares emitidas por el organismo, entre las que destaca el cese de la represión.
En la CIDH y en el diálogo -que discute la hoja de ruta planteada por los obispos para solucionar la crisis con temas como el adelanto de elecciones presidenciales, la renuncia de los miembros del poder electoral y una nueva ley de partidos- está puesta la fe de muchos nicaragüenses para poner fin a esta violencia.
Las mesas de trabajo por el Diálogo Nacional de Nicaragua se instalaron este lunes con el objetivo de marcar esa hoja de ruta a seguir en los ámbitos de seguridad, justicia y sistema electoral, pero también buscaba acercar posturas con el Gobierno, que optó por no ceder.
La representante de la Alianza Cívica Daysi George, quien encabeza la Mesa Electoral por parte de la organización, explicó que, ante la propuesta de adelantar elecciones, los miembros del Gobierno «no se mostraron receptivos a la propuesta ni al planteamiento de democratizar el país».
«Queremos reformas constitucionales, de la ley», señaló George, quien agregó, tras concluir la sesión de trabajo, que por parte del Ejecutivo «no hay apertura ni voluntad para este tema».
Por su parte, el obispo Silvio Báez señaló que la Iglesia sigue esperando una respuesta de Ortega sobre este tema, pues dijo que hasta el momento el mandatario guarda silencio sobre la posibilidad de adelantar las elecciones generales para marzo de 2019.
«Los obispos de Nicaragua estamos esperando que el presidente Ortega nos comunique ‘oficial y formalmente su aceptación’ de la propuesta que le hicimos», escribió Báez este lunes en sus redes sociales.
Tampoco hay avances en la Mesa Judicial, donde Víctor Cuadra, el representante de la Alianza, dijo que la segunda sesión de este grupo de trabajo «se suspendió» por motivos que desconocen.
Todo este contexto ha llevado a la Alianza Cívica a anunciar más protestas contra el presidente con la presencia de la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), pues consideran que estos entes dan unas condiciones mínimas de seguridad.
«En las últimas semanas no habíamos convocado a ninguna manifestación social en las calles, porque teníamos que salvaguardar las vidas de los nicaragüenses, porque sabemos los altos índices de represión que ha habido en estos últimos días», dijo el miembro de la Alianza, Lesther Alemán.
Las protestas contra el Gobierno comenzaron por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, tras once años consecutivos en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra. EFE
