La Asamblea Nacional (AN) solicitará a la OEA, el nombramiento de una comisión especial de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, que atienda con prioridad el incremento preocupante de las redes del narcotráfico, que vulneran la institucionalidad, la gobernabilidad y la democracia en Venezuela y toda la región.
Esta solicitud fue plasmada en el acuerdo parlamentario aprobado con motivo del Día Internacional de la Lucha Contra el Uso Indebido y El Tráfico Ilícito de las Drogas, en el que se destaca el incremento en el país del narcotráfico, el crimen organizado, de la legitimación de capitales y del terrorismo, que coloca en riesgo la democracia, la gobernabilidad, la institucionalidad y la seguridad de la República.
El diputado José Luis Pirela (Unidad-Zulia), al intervenir, señaló que hoy era el momento oportuno para hablar sobre esta materia, que constituye un flagelo, una amenaza a la humanidad, generadora de distorsiones en el plano económico, creadora falsas expectativas de prosperidad con dinero proveniente del delito y la criminalidad, ocasionando problemas de salud y dañando a la familia como institución.
Agregó que de acuerdo a un informe presentado por organismos mundiales, se estima que 250 millones de personas, es decir el 5% de la población mundial, ha consumido droga en los últimos 3 años, mientras que el cultivo de coca aumentó el 30% en los últimos 5 años, “Colombia es un caso alarmante de incremento de droga”, dijo.
América del Sur, señaló, sigue siendo el gran proveedor de droga en el mundo, la legitimación de capitales alcanza a nivel mundial dos billones de dólares en un año, el caso de Venezuela es grave, sigue siendo puente importante de tránsito de droga hacia el Caribe, EEUU, Asia y Europa.
Reveló que las autoridades venezolanas desafortunadamente no reportan a las superioridades internacionales cifras sobre tráfico y consumo, y que el Estado no asume los convenios internacionales que ha suscrito durante varios años.
Comentó que las altas esferas políticas siguen siendo señaladas en Venezuela de estar vinculadas con este flagelo, ministros y familias de los entornos de poder, policías y militares.
Recordó que el año pasado ocurrió un caso grave en el estado Zulia: “un oficial del ejército saboteó un proceso de investigación sobre narcotráfico poniendo en riesgo no sólo el proceso sino también al sargento encubierto, que estaba en la investigación. Estoy hablando del señor Padrino López, del teniente coronel del Ejército Marco Antonio Marcano Cabello quien ordenó la detención de tres personas, uno venezolano sargento activo, uno de nacionalidad colombiana que fue deportado y reingresó al país y un médico cubano, los tres fueron detenidos y colocados a la orden de los tribunales militares”.
Lo más grave, continuó, es que de estos ciudadanos que fueron colocados en los tribunales militares del Zulia, el sargento fue asesinado, y el colombiano que reingresó también fue asesinado, lo que evidencia que también en la Fuerza Armada hay militares que avergüenzan el honor de nuestra institución armada, cuando se prestan a sabotear una investigación encubierta sobre el narcotráfico.
-Le pregunto señor ministro, ¿a usted le interesa que desde la AN alertemos sobre los peligros que acechan y todos los intereses que envuelven a factores del Estado Venezolano o sencillamente va a salir con el argumento de que estamos en desacato? “Estoy a su orden para entregarle la información en esta materia”, aseveró el diputado Pirela.
Propuso a los parlamentos de América y de la Unión Europea la creación de una comisión parlamentaria que permita que el esfuerzo y la cooperación institucional pueda definitivamente derrotar las tendencias negativas del narcotráfico y consolidar los avances en esta materia.
El acuerdo establece que las drogas generan adicciones que colocan en riesgo la salud de las personas y que además constituyen un elemento generador de violencia y de otras graves consecuencias para la sociedad.
Asimismo refiere que el consumo de drogas y el tráfico ilícito de las mismas, está catalogado internacionalmente como el mayor problema que afronta este nuevo milenio.
Además, señaló que el incremento en Venezuela del narcotráfico, del crimen organizado, de la legitimación de capitales y del terrorismo, coloca en riesgo la democracia, la gobernabilidad, la institucionalidad y la seguridad de la República.
En el Acuerdo se convino respaldar las propuestas que la ONU y la OEA han concertado sobre la problemática de las drogas. Igualmente declarar y tratar la lucha contra el uso indebido y tráfico de drogas como un asunto de estado prioritario.
También declarar al lazo azul, símbolo de la prevención creado en el año 2003 por la Cátedra Libre Antidrogas (CLIAD), de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), como el símbolo nacional de la prevención del uso indebido de las drogas.
Solicitar a la OEA, a través de su Secretario General, el nombramiento de una comisión especial de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), que atienda con prioridad el incremento preocupante de las redes del narcotráfico, que vulneran la institucionalidad, la gobernabilidad y la democracia misma, no solo de Venezuela, sino de toda la región.
Asimismo, delegar en la Subcomisión contra el Terrorismo y Lucha Contra el Narcotráfico y Uso Ilícito de las Drogas de esta Asamblea Nacional, el estudio de una posible reforma, modernización y adecuación de nuestra ley de drogas, con base en las nuevas especificidades, paradigmas y abordajes técnicos, jurídicos, sociales y políticos en la materia.
Respaldar el impulso de la conformación de la Comisión Parlamentaria de las Américas y la Unión Europea en la lucha antidroga, antiterrorismo y delincuencia organizada.
