La Asamblea Nacional (AN) desaprobó “el supuesto decreto N° 3.610”, a través del cual se pretende declarar Estado Emergencia Económica, por considerar que con sus reiteradas prórrogas Nicolás Maduro ha pretendido implementar una política sistemática de violación de los principios constitucionales del Derecho de Excepción y de la institucionalidad de la AN para acumular poderes exorbitantes en la sede del Poder Ejecutivo nacional.
En el Acuerdo aprobado se rechaza la política sistemática de Maduro de intentar gobernar y ejecutar medidas económicas a través de poderes excepcionales, la cual ha profundizado la crisis humanitaria y el aislamiento internacional de Venezuela.
Este rechazo fue votado por el pleno parlamentario mediante un acuerdo en el que se sostiene que Maduro aspira a través de este decreto legitimar e incrementar mecanismos de control social que lesionan derechos humanos de los ciudadanos.
Se cuestiona en el texto del acuerdo aprobado que el Decreto N° 3.610, de fecha 10 de septiembre de 2018, publicado en Gaceta Oficial N° 41.478, pretende autorizar la creación de subsidios directos a sectores sociales vulnerables y así mismo autorizar la implementación de mecanismos tecnológicos de registro, identificación y verificación en la aplicación de subsidios directos, lo cual es a todas luces la creación de nuevos mecanismos de control social del régimen.
Asimismo se rechaza que mediante este decreto se intente autorizar al Ejecutivo a dictar normas sin sometimiento a otros poderes públicos que autoricen operaciones de crédito público, sus reprogramaciones y complementos para el ejercicio económico 2019, lo cual es a todas luces inconstitucional e ilegal.
En el Acuerdo se advierte que el artículo 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que la Asamblea Nacional es el órgano competente para aprobar o desaprobar los decretos de Estado de Excepción emanados del poder ejecutivo, tratándose de un control político y de oportunidad que condiciona la validez de dichos decretos.
En atención a lo expuesto, la AN considera que todos los decretos emanados del Ejecutivo a través de los cuales se pretenda declarar estado de Emergencia Económica, carecen de validez y deben ser considerados nulos, insistiendo en que la solución a la crisis humanitaria reside en un cambio democrático y en la instauración de un sistema de economía social de mercado.
