Amnistía Internacional (AI) advirtió hoy de que existe una «violencia armada endémica» en Venezuela que ha provocado un aumento de las ejecuciones extrajudiciales practicadas por el Estado y que está especialmente dirigida hacia los jóvenes en situación de vulnerabilidad.
«Las políticas y acciones del Gobierno criminalizan y matan a los hombres jóvenes en situación de pobreza, en un contexto creciente de inseguridad en el país y desesperación de la población», denunció el director de la organización en España, Esteban Beltrán, en una conferencia de prensa en Buenos Aires.
Allí presentó el informe «Esto no es vida: Seguridad ciudadana y derecho a la vida en Venezuela«, que denuncia las violaciones de derechos humanos y la represión ejercidas por el Estado de ese país contra la población más vulnerable.
Según dijo, aproximadamente el 55 % de los 21.752 homicidios cometidos en 2016 fueron contra personas de entre 15 y 30 años, una tendencia que lleva varios años manteniéndose.
«Los que mueren son jóvenes en zonas deprimidas y pobres» que son vistos como «enemigos a erradicar, delincuentes,» y lo hacen en un contexto de inseguridad «enorme», ya que, solo en 2016, entre 65.000 y 87.000 venezolanos fueron víctimas de la violencia armada en el país.
La organización apuntó que, desde 2016, 11 de los 19 ministros de seguridad ciudadana en el país caribeño han sido integrantes de las fuerzas armadas, una «lógica militar» que, para Beltrán, ha ocasionado «detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas».
Esto se une al «fracaso» de las políticas públicas de seguridad, ya que, en los últimos 20 años, se han articulado 17 planes en ese sentido pero, de ellos, las únicas medidas que se han implementado son las «represivas» y «nunca las de carácter preventivo y de largo plazo», señaló el referente de la organización en España.
A su juicio, «de esta política de corto plazo, de violencia responde a la violencia» es lo que ha generado «una violencia armada endémica».
«Todo este contexto podría avanzar hacia delante si hubiera responsables llevados ante la Justicia: no es el caso de Venezuela«, aseguró al contar que la impunidad de los homicidios es del 90 % y en el caso de violaciones de derechos humanos asciende al 92 %.
Para él, esto perpetúa un círculo vicioso «en el que se actúa, se mata y se olvida a la víctima y se sigue adelante con una nueva ejecución extrajudicial».
Al presentar el informe, tanto Beltrán como la directora de Política y Justicia Internacional de AI en Argentina, Mariana Fontoura Marques, hicieron hincapié en las dificultades que tuvo la organización para acceder a datos oficiales fiables y recientes.
Por ese motivo, además de en informes y publicaciones, agencias estatales y manuales de procedimientos policiales, la investigación estuvo basada en datos de organizaciones civiles e internacionales, consultas a expertos y entrevistas con 17 familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
Fontoura Marqués afirmó que el resultado es un documento que muestra la «alarmante regresión en materia de derechos humanos» y la crisis humanitaria que sufre Venezuela, donde el 87 % de la población se encuentra en situación de pobreza y hay un «desabastecimiento generalizado» de medicamentos, alimentos y tratamientos médicos.
Asimismo, denunció que todo ello ha generado «una de las crisis de magnitudes más grandes en materia de la problemática de migración forzada» en América Latina, ya que, según datos de Naciones Unidas, ya hay 2,3 millones de venezolanos fuera de su país.
Fontoura Marques hizo hincapié en la «obligación» que tienen los Estados de dar acceso a estas personas al sistema internacional de protección y pidió que se «remueva cualquier tipo de obstáculo y de barrera» para que puedan acceder a servicios públicos fundamentales como la sanidad.
Con ella coincidió Beltrán, quien advirtió de que cuando las violaciones de derechos humanos son «tan comunes», esto hace que la sociedad se «acostumbre», por lo que la comunidad internacional debe prestar «más atención» a lo que está ocurriendo y ejercer «más presión» sobre el Gobierno de Nicolás Maduro.
También señaló que el país caribeño comparte con Siria y El Salvador el «dudoso honor» de tener las cifras de homicidios más altas del mundo, al registrar una tasa de 87 por cada 100.000 habitantes.
Estamos asistiendo a «un desastre de derechos humanos en directo», sentenció. EFE
