El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó hoy la primera resolución de su historia sobre Venezuela, en la que insta al gobierno a aceptar ayuda humanitaria internacional para paliar la escasez de alimentos y medicinas que afecta a la población.
En un gesto político firme hacia el Gobierno del presidente Nicolás Maduro por parte de este órgano intergubernamental, creado en 2006, 23 países votaron a favor de la resolución, siete en contra y 17 se abstuvieron.
El embajador venezolano ante la ONU en Ginebra, Jorge Valero, condenó la resolución y la consideró «el comienzo de una escalada intervencionista» para conseguir la caída del gobierno y «establecer un mecanismo de tutela» foráneo sobre Venezuela.
Acusó a los países que promovieron la resolución de ser instrumentos de Estados Unidos e Israel en contra de su país.
Las anteriores tentativas de introducir el caso de Venezuela en la agenda del Consejo habían fracasado, pero esta vez el llamado «Grupo de Lima» (compuesto por países del continente americano que buscan un cambio de rumbo del Gobierno venezolano) consiguió este objetivo .
En nombre de una decena de países latinoamericanos patrocinadores del texto, el embajador de Perú, Claudio de la Puente, dijo que había llegado el momento de que el Consejo atienda a una situación que ha provocado el éxodo de unos dos millones de venezolanos que han buscado acogida en otros países de la región.
Aseguró que el propósito de esta iniciativa era «dar voz a millones de venezolanos que padecen una crisis humanitaria» y que de ninguna manera tenía un ánimo de injerencia.
La resolución aprobada recuerda que la falta de alimentos, fármacos y suministros médicos han dado lugar a «un aumento de la malnutrición».
Asimismo, alerta del riesgo del brote de enfermedades que habían quedado erradicadas o bajo control en Suramérica.
El Gobierno venezolano ha rechazado una y otra vez cualquier tipo de ayuda humanitaria, en particular de países occidentales, por considerar que esto podría ser utilizado como pretexto para una intervención militar exterior.
La resolución adoptada también hace mención expresa de «la profunda preocupación» de los países por «las graves violaciones de los derechos humanos en el contexto de la crisis política, económica, social y humanitaria».
En ese sentido, valora el informe que a ese respecto presentó el pasado junio la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que denunciaba un patrón de presuntas ejecuciones sumarias, uso excesivo de la fuerza, torturas y detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas de seguridad.
También advertía de que la impunidad es generalizada, por lo que consideraba oportuno una mayor implicación de la Corte Penal Internacional (CPI).
Un paso en este sentido acaba de ser dado por cinco países latinoamericanos (Argentina, Chile, Colombia, Paraguay y Perú) y Canadá, que se unieron este miércoles al margen de su participación en la Asamblea General de ONU en Nueva York para pedir formalmente a la Fiscalía de la CPI que investigue supuestos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Mientras tanto, la resolución aprobada hoy en Ginebra solicita a la alta comisionada de la ONU para derechos humanos, Michelle Bachelet, que prepare un nuevo informe exhaustivo sobre la situación en Venezuela y que se lo presente en junio de 2019.
Para su sesión de inicios de marzo próximo, le encarga que exponga oralmente información actualizada sobre ese tema.
El Gobierno venezolano ha negado reiteradamente la entrada de expertos de derechos humanos de la ONU a su territorio, por lo que los autores de los dos informes de la Oficina del Alto Comisionado han sido elaborados a partir de información recolectada en países vecinos, la que previsiblemente será nuevamente su metodología de trabajo. EFE
