Familiares de los considerados «presos políticos» venezolanos solicitaron hoy en la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en Caracas, la visita de la alta comisionada de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, a Venezuela para que constate el estado de los opositores.
«Somos familiares de presos políticos que estamos hoy aquí pidiéndole, exigiéndole a Naciones Unidas, a la ONU, que envíe a la alta comisionada de derechos humanos a Venezuela, que venga para Venezuela«, dijo Lilian Tintori, esposa del líder encarcelado Leopoldo López a periodistas.
Tintori, que pegó carteles con los nombres de los presos en las paredes del PNUD, indicó que esta solicitud se debe a que los familiares temen por la vida de los detenidos que creen, está en riesgo, pues, asegura, el Estado no la garantiza.
La opositora recordó que este lunes el concejal Fernando Albán, considerado «preso político», cayó desde el décimo piso del Servicio de Inteligencia (Sebin), donde estaba detenido.
Según la Fiscalía, el concejal se suicidó, pero el Parlamento, de mayoría opositora, y líderes antichavistas sostienen que se trató de un homicidio.
Tintori, que se encontraba en compañía de familiares y abogados de los presos, insistió en esta tesis.
«Mañana pueden amanecer muertos (los opositores privados de libertad), no queremos recibir otra noticia de muerte de algún otro preso político como Rodolfo González (un opositor que supuestamente también se suicidó en 2015 en el Sebin), como Fernando Albán», dijo.
Asimismo, exigió una «fe de vida» de quien fuera ministro de Defensa del fallecido presidente Hugo Chávez, el general Raúl Isaías Baduel preso desde 2009, porque -asegura- no se sabe «si está vivo o muerto» debido a que sus familiares llevan dos meses sin verlo.
«Y siguen los rumores de que hay un muerto en la tumba», una celda del Servicio de Inteligencia venezolano donde, según la oposición, los reclusos son aislados.
Asimismo, los familiares de presos como Fred Mavares, un policía que permanece detenido pese a que aseguran tiene boleta de excarcelación hace más de dos años; o del diputado Juan Requesens, detenido por supuestamente estar implicado en el atentado al presidente Nicolás Maduro el 4 de agosto, exigieron la libertad de todos.
Según la oposición venezolana hay 400 «presos políticos» de los cuales 160 son militares, aunque la ONG Foro Penal dice que son más de 200. EFE
