El Ministerio Público de Venezuela está investigando la muerte de siete personas en una zona minera del estado Bolívar (sur) donde se ha denunciado una supuesta masacre que atribuyen a la guerrilla colombiana del ELN.
Una fuente de la Fiscalía venezolana dijo a Efe que la institución «se encuentra investigando desde el 16 de octubre la muerte de siete personas en las adyacencias de la mina El Candado, en Tumeremo, estado Bolívar».
La misma fuente indicó que los cadáveres hallados corresponden a cinco hombres y dos mujeres, sin agregar mayores datos.
El diario local El Nacional informó hoy que los cuerpos corresponden a antiguos mineros, estaban «en avanzado estado de descomposición y con heridas de arma de fuego».
Estos cadáveres, según el rotativo, fueron trasladados a un complejo militar cercano, a la espera de ser revisados e identificados.
El diputado opositor Américo de Grazia, natural de esa región, denunció el lunes la situación y explicó hoy a Efe que la «masacre» se produjo el domingo.
De las 16 personas que habían sido reportadas como desaparecidas en la zona, «casi todos» aparecieron con vida y ya están con sus familiares, informó.
Sin embargo, siempre según el legislador, una de las mujeres reportada como desaparecida fue ya identificada entre los cadáveres.
De Grazia denunció nuevamente que bandas criminales y grupos guerrilleros como el colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN) controlan la actividad minera en esa región, donde se ubica el Arco Minero del Orinoco, una zona especial declarada así por el Gobierno venezolano en 2016 para explotar unas 7.000 toneladas de riquezas.
En este caso, explicó el diputado, los familiares de las víctimas aseguran que se trató de una «masacre» acometida por el ELN en una mina de donde extraían oro.
Este hecho además será investigado por la comisión especial del Parlamento venezolano creada en 2016 para estos temas a raíz de otra masacre en esa zona en la que murieron 17 personas.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó esta semana a la Fiscalía y a varios ministerios hacer una investigación en esta zona debido a una denuncia según la cual «se evidencia un presunto comportamiento ilícito y alevoso contra la actividad laboral».
Esto, según el Supremo, «pone en riesgo no sólo la producción» minera «sino también la seguridad y bienestar, tanto física como mental, de quienes laboran» allí. EFE
