Ana María Villanueva, apoderada judicial de la comunidad de propietarios de la urbanización Lomas de Montecarlo, ubicada en la parroquia Cecilio Acosta del Municipio Guaicaipuro, denunció que la alcaldesa Wisely Álvarez, “apoya y promueve” las invasiones en la jurisdicción al, violentando la decisión de un tribunal, ayudar a un grupo de personas a retornar a una casa de la que fueron desalojados durante un procedimiento judicial.
Villanueva narró, durante su participación en el programa de opinión “Pola y Murolo a las 12” que transmite Mía 105.7Fm, que la referida comunidad, integrada por más de 250 familias enfrentaban una situación de “posesión ilegitima de la propiedad por parte de una señora que cuando se comenzó a construir la urbanización la empresa encargada improvisó un comedor para obreros, tipo rancho y la contrató para hacer la comida de los trabajadores”.
Agregó que luego hubo un desfase entre la constructora y la asociación civil y un juicio que paralizó el urbanismo, “la señora se fue quedando, y además del rancho comenzó a construir ilegalmente, los vecinos interpusieron las acciones administrativas ante ingeniería y se logró la paralización y se ordenó la demolición de esa estructura, es decir, que el despacho de la alcaldesa Wisely Alvarez ya en el año 2004 había ordenado la demolición de esa estructura”.
-Nosotros por vía judicial, porque somos personas que creemos en la justicia, accedimos a los órganos jurisdiccionales a solicitar la tutela efectiva de nuestros derechos como ciudadanos y el juicio se desarrolló durante los últimos 10 años por lo que el pasado jueves desde las 9:00 am se constituyó el tribunal con todas las garantías de ley para los demandados, estaba el defensor del pueblo notificado, el representante del consejo de protección, la medida que se ejecutó fue una entrega material producto de la reivindicación ordenada por el tribunal que ordena la desocupación de las viviendas y no un desalojo como ha dicho la alcaldesa.
Agregó que horas después de ejecutada la medida, “la alcaldesa llega a la 8:30pm con una gran turba que pedía la cabeza de nosotros, que nos agredieron verbalmente y donde la policía tuvo que intervenir para evitar enfrentamientos”, reseñó Villanueva, agregando que la alcaldesa en desacató a la autoridad judicial y con ayuda de camiones de la alcaldía los regresó a las viviendas, “ahora en una condición de invasores, porque la sentencia se cumplió, esa posesión ilegitima que tenían cesó en el momento en el que la juez cumple con su mandato”.
– Fue un día muy triste para la justicia, qué puede pensar un justiciable que en este momento está llevando una sentencia a distribución a un tribunal del estado Miranda, qué pueden pensar los administrados por la alcaldesa a cerca del compromiso de sus obligaciones tributarias con el municipio o de acatamiento de las leyes cuando la autoridad está dando un claro ejemplo de desacato.
Rechazó que la Alvares llame corrupta a la juez ejecutora, “ella ni siquiera fue juez de causa, es la que cumple el mandato del juez de causa de ejecutar una sentencia firme, donde además los demandados tuvieron todas las garantías del proceso, eso llegó al TSJ”, dijo.
-Nos sentimos secuestrados, la alcaldesa no se conformó solamente con hacer ese acto populista, sino que además al día siguiente la cámara municipal sesionó en ese lugar con pancartas y música alegórica a sus ideas políticas, no pudimos transitar por la vía principal, nos agreden verbalmente.
Pidieron a la primera autoridad municipal “recapacitar, ella no nos escucha, solo nos agrede, sin haber escuchado nuestra posición… somos un comunidad de propietarios, somos personas, no burgueses como ella nos acusa, sino personas trabajadoras, la mayoría profesionales que con gran esfuerzo pudimos adquirir nuestra viviendas, adquiriendo muchas a créditos”.
