Tras presentar un informe pormenorizado elaborado por la Comisión de Finanzas y Contraloría sobre las actuaciones de las actuaciones de la Cámara Municipal en torno a la aprobación de créditos adicionales para el proyecto de construcción de la plaza Guaicaipuro, en Montaña Alta, los concejales carrizaleños rechazaron oficialmente las denuncias hechas por el alcalde Farith Fraija contra los ediles sobre presuntas irregularidades en la aprobación de estos créditos.
La concejal Mariem Pabón, integrante de la comisión, señaló que el alcalde en sus denuncias ha mostrado especial interés en vincular comunicacionalmente a los concejales del Municipio Carrizal con las presuntas irregularidades que se habrían cometido en la obra, específicamente al haber aprobado los créditos adicionales para la ejecución de esa obra contratada por la Alcaldía de Carrizal en el año 2017.
Explicó que en el caso específico de la aprobación de los créditos adicionales, el artículo 247 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal establece que el Concejo, a solicitud del alcalde, podrá aprobar créditos adicionales al presupuesto de gastos para cubrir gastos necesarios no previstos en la ordenanza anual de presupuesto o créditos presupuestarios insuficientes.
Del citado artículo se determina, que el proyecto de crédito adicional lo prepara el Alcalde solicitante, que implica formar un expediente con la documentación de soporte y en particular, demostrar que estén destinados a “gastos necesarios no previstos en la ordenanza anual de presupuesto o créditos presupuestarios insuficientes”.
“Ni la solicitud, ni la aprobación de créditos adicionales implica autorizar ni ejercer control previo sobre el Alcalde en los procesos de contratación, ejecución de obras y pago de las mismas, las cuales son funciones administrativas exclusivas y excluyentes de la rama ejecutiva del poder público municipal”, argumentó.
Pabón señaló que “el mandatario local se ha dedicado a acusarnos a los concejales de incurrir en irregularidades administrativas, de mala imputación presupuestaria y de irregularidades en la contratación de obras, cuando la Ley explica muy claramente, y lo reafirmamos en el informe, que no es competencia de los concejales contratar obras, sino ejercer el control político sobre el gobierno y la administración pública municipal”.
La edil lamentó que el alcalde y el equipo que lo asesora en esta materia no se hayan informado bien ni consultaron suficientemente antes de emitir estos errados señalamientos públicos contra los ediles. “Pareciera que ni siquiera se dedicaron a investigar los informes de la Comisión de Finanzas y Contraloría, que fueron enviados tanto a la Contraloría Municipal como al Ejecutivo”.
El informe presentado concluye que las denuncias formuladas por el alcalde sobre presuntas irregularidades en la aprobación de créditos adicionales y ejecución de la obra plaza Guaicaipuro durante el año 2017, en nada involucran la responsabilidad administrativa, civil o penal del Concejo Municipal.
