Una «propina por servicios prestados» de 99.980 euros a un trabajador de un hotel de París fue el inicio en 2010 de la indagación en Andorra del conocido como «grupo Salazar», un conjunto de venezolanos relacionados con el exministro de Energía Rafael Ramírez investigados por el expolio a la petrolera PDVSA.
La justicia venezolana detalla el germen de la investigación andorrana en las peticiones de extradición, a las que ha tenido acceso Efe, de algunos de estos investigados, como el exviceministro de Energía Nervis Villalobos y Luis Mariano Rodríguez Cabello.
Ambos están en España pendientes de que se resuelvan las peticiones de entrega al país suramericano.
Otro de los investigados en España es José Ramón Sánchez Rodríguez, excontable de Petróleos de Venezuela (PDVSA), cuya extradición rechazó hoy la Audiencia Nacional por temor a que sea sometido a un trato degradante en Venezuela.
Este país acusa al «grupo Salazar» de haber desviado millones de euros de la petrolera estatal cuando fue presidida por Ramírez (de 2004 a 2014), quien fue representante de Venezuela ante la ONU. Se exilió, ahora está en paradero desconocido y denunció ser víctima de una persecución política del gobierno del presidente Nicolás Maduro.
El abogado Ismael Oliver, defensor de Rodríguez Cabello y de Sánchez Rodríguez, señala que la petición de extradición por parte de Caracas se basa, sobre todo, en los documentos que Andorra envió en 2010 en una petición de información y en informes del pequeño país europeo que nunca han estado en posesión de la justicia venezolana.
Todo esto supone que «se trafica con la confusión», dice el abogado.
Un investigación de una juez de Andorra sobre comisiones ilegales de PDVSA escondidas, supuestamente, en la Banca Privada de Andorra (BPA) acabó con el procesamiento de 29 personas (entre ellas Villalobos).
Según las autoridades venezolanas, esta investigación comenzó a raíz de una solicitud de información hecha por el organismo francés contra el blanqueo de capitales, el Tracfin.
En ella, el Tracfin pedía a Andorra que investigara una transferencia bancaria de casi 100.000 euros realizada desde una cuenta de Andorra a favor de un trabajador de un hotel en París el 23 de noviembre de 2009 por la sociedad Highland Assets Corp y con el concepto de «propina por servicios prestados».
La documentación entregada a España por Venezuela explica que esa empresa era una «sociedad instrumental panameña creada por BPA Servicios», representada por Rodríguez Cabello. El «beneficiario de los fondos y haberes de la cuenta bancaria» desde la que se hizo la transferencia era Diego Salazar Carreño, otro primo de Ramírez que da nombre al grupo investigado y actualmente detenido en Venezuela.
Añade que de la investigación andorrana se extrae que Salazar y «su grupo» realizaron de 2006 a 2012 (el presidente venezolano Hugo Chávez murió en marzo de 2013) un conjunto de transferencias entre personas y empresas usando «numerosas cuentas» en Andorra para «altas cantidades de dinero» y ocultar la titularidad real de los fondos.
La mayoría de estas personas, dice, eran de nacionalidad venezolana, mientras que las sociedades «utilizadas para transferir los fondos desde el Principado de Andorra y/o otros países, son mayoritariamente de Panamá, Belice o Islas Vírgenes Británicas».
Según la justicia venezolana, «dichas transferencias electrónicas efectuadas hacia el Principado de Andorra suman aproximadamente unos 1.350 millones entre dólares americanos y euros».
Esas cantidades «tendrían presuntamente un origen delictivo, ya que procedían de actos de corrupción principalmente del erario público del Estado venezolano, en los cuales participaron funcionarios» del mismo país, agrega el documento.
En el caso de Highland Assets Corp, el documento detalla que entre 2011 y 2012 cinco empresas chinas le pagaron 154 millones de dólares por «diversos contratos de asesoramiento» entre las empresas asiáticas y la venezolana Inverdt, relacionada con Salazar y Rodríguez Cabello.
Según Venezuela, las empresas chinas que contratan el asesoramiento no lo hacen según un presupuesto que detalle los conceptos, sino que lo abonado por cada entidad «se corresponde a un porcentaje del 10 o el 15 por ciento» de contratos de obra obtenidos por esas empresas y relacionados con la extracción de petróleo, un sector que controlaba PDVSA.
Esos contratos, detalla, se suscribieron en el marco del conocido como «plan gran volumen» suscrito entre China y el gobierno de Chávez en 2010 y por el que consiguió financiación multimillonaria del gigante asiático a cambio de petróleo. EFE
