Aprobada en 1980 en un cuestionado plebiscito, la Carta Magna chilena ha sido reformada más de 40 veces pero sigue siendo foco de críticas por su espíritu neoliberal y su origen dictatorial
SANTIAGO. El estallido social chileno ha reavivado el debate sobre la necesidad de elaborar una nueva Constitución que reemplace la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, que se ha convertido en un muro infranqueable para los cambios de fondo que exige buena parte de la ciudadanía, informa la agencia de noticias EFE.
Aprobada en 1980 en un cuestionado plebiscito, la Carta Magna chilena ha sido reformada más de 40 veces pero sigue siendo foco de críticas por su espíritu neoliberal y su origen dictatorial.
La Constitución original cedió al Estado un rol eminentemente subsidiario y favoreció la entrada de la iniciativa privada en temas esenciales como la salud, la educación o las pensiones.
En medio de la convulsión social de las dos últimas semanas en Chile, con protestas que han dejado al menos une veintena de muertos, han sonado con fuerza las voces que piden una nueva Constitución, algo que apoya la oposición política y a lo que se están abriendo algunos sectores oficialistas.
El abogado Jaime Bassa, profesor de derecho constitucional de la Universidad de Valparaíso, considera que discutir y elaborar un nuevo texto legal no es la solución a todos los problemas de la sociedad chilena, aunque es necesario hacerlo porque la Carta Magna actual es «una parte muy importante» del descontento que se respira en las calles.
Los quórums inalcanzables
La Constitución de 1980 estableció la exigencia de elevadas mayorías parlamentarias para poder acometer reformas al texto de la Carta Magna o a otros aspectos institucionales claves en la actualidad.
Para Javier Couso, abogado constitucionalista de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (UDP), estos quórums, que exigen el apoyo de cuatro séptimas partes del Parlamento, son camisas de fuerza que impiden cambios de fondo en asuntos relevantes, ya que hacen necesario el respaldo de parlamentarios conservadores.
«Cambiar esas leyes se hace extremadamente difícil porque requiere el concurso de los herederos políticos de la dictadura», explicó Couso a EFE.
Choques con TC
En los casos en los que las reformas logran superar la barrera de los quórums, a menudo chocan con el Tribunal Constitucional (TC), un organismo que, según Couso, realiza una interpretación extremadamente conservadora del texto legal para tumbar cambios de fondo.
«Cuando se logran pasar los quórums, el TC encuentra en la Constitución principios que son bastante opinables que se traducen en declaraciones de inconstitucionalidad», explicó.
Así ocurrió, por ejemplo, cuando el expresidente Ricardo Lagos (2000-2006) trató de incorporar un pilar solidario en los fondos que van al sistema privado de salud o cuando se quiso fortalecer a los sindicatos.