La ONG Provea confirmó el saldo de personas muertas por la incursión de un grupo delictivo denominado El Ciego, para hacerse con el control de la mina
La ONG venezolana Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) confirmó este sábado la muerte de por lo menos ocho personas en una comunidad de la etnia pemón, ubicada en el estado Bolívar, tras la incursión de un grupo armado en la noche de ayer.
De acuerdo con un informe preliminar ofrecido por Provea, «con la aprobación» y testimonios de representantes de la etnia pemón, en horas de la noche del pasado viernes en la comunidad de Ikabarú, ubicada en la Gran Sabana, se verificó el ataque de «un grupo armado supuestamente perteneciente al sindicato del Ciego».
Según los testimonios recogidos por Provea entre los fallecidos figura un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
Por su parte, el directivo de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, dijo en su cuenta de Twitter que el ataque en Ikabarú tuvo un saldo de «8 asesinados», entre los que habría «un indígena y un guardia nacional».
La incursión de la banda armada se produjo, según los testimonios recogidos en el informe de Provea, con el fin de «tomar el control de la zona», en donde se produce la actividad minera.
El abogado de Provea, Marino Alvarado, explicó a Efe que los grupos delictivos, que se hacen llamar «sindicatos», operaban inicialmente en la actividad de la construcción, pero ante la contracción de ese sector económico «se trasladaron a hacer vandalismo en la zona minera».
Provea denunció que existe «tolerancia» de los organismos del Estado con «estas acciones», pues «una semana antes de los hechos la comunidad había sido advertida de una posible incursión de grupos armados» y no se reforzó la protección del poblado.
«Pedimos la investigación de los hechos, sanciones para los responsables y medidas para evitar su repetición», instó Provea en su reporte.
En un informe preliminar que la ONG publicó con autorización de jefes pemones, señaló que estos grupos delictivos denominados “sindicatos” se apoderan de las minas y zonas aledañas a través del uso de la violencia «para luego implantar un sistema de explotación» el cual es sabido y permitido por el Estado, «que luego con la excusa de control toma las zonas para explotación controlada».
Por ello, exigen al Estado venezolano que investigue estos hechos, sancione a los responsables y tome las medidas necesarias para evitar que se repitan en los estados mineros. Desde 2017, Provea ha denunciado la incursión constante de grupos armados en territorio pemón, además de la militarización de sus espacios.
Esto ocasiona la «pérdida de sus formas organizativas y de convivencia pacífica ancestral», resalta Provea, que además destaca que la aprobación y expansión del Arco Minero del Orinoco está ocasionando consecuencias en territorios indígenas, no sólo por la destrucción de sus territorios, sino por la apropiación sin consulta de sus tierras, el sometimiento a estructuras paralelas de dominación que actúan con apoyo del Estado, la violencia, el desplazamiento forzado y la pérdida de sus costumbres y culturas.
RECUADRO
Dos identificados
Como Edidson Ramón Soto y Antonio Perera fueron identificadas hasta ahora dos de las ocho víctimas fatales de la masacre en la comunidad pemón de Ikabarú.
Olnar Ortiz, coordinador nacional de Pueblos Indígenas de Foro Penal, aseguró que Soto, de 47 años de edad, era un indígena de la etnia pemón oriundo de Ikabarú. No obstante, hacía vida en la comunidad Manak Krü.
En cuanto a Perera, Provea dio a conocer que era un sargento activo de la GNB. Un testigo en la escena contó que el castrense sacó su arma para defenderse cuando un grupo de hombres llegó disparando al negocio en el que se encontraba.
“Irrumpieron, llegaron ahí de repente en todo el frente del negocio de Dani Tomedes, y empezaron a disparar. Bueno, Perera trató de defenderse, sacó el revólver y le dispararon”, relató el entrevistado.
