El Rectorado de la UCV aclaró, mediante un comunicado, varios de los temas que acusan a la gestión de Cecilia García Arocha de presuntas irregularidades
El rectorado de la Universidad Central de Venezuela aclaró, mediante un documento fechado el 20 de enero, más de cinco presuntas irregularidades denunciadas por el exvicerrector administrativo, Bernardo Méndez, quien renunció a su cargo el pasado 11 de enero por “diferencias” con la gestión de la rectora Cecilia García Arocha.
Méndez denunció a la rectora por asumir atribuciones, realizar intervención de tareas, así como nombramientos y destituciones inconsultas, entre otras irregularidades.
El Rectorado asegura que con respecto a la destitución y nombramientos, el rector es quien los nombra y los remueve, según el numeral 4 del artículo 36 de la Ley de Universidades. “Razones que permiten afirmar que la denuncia sobre nombramientos y remociones inconsultas es falsa y lesiona el buen nombre y prestigio de esta casa de estudios”, añade la misiva.
Asimismo, aclaran que en la comunicación que envió Méndez se señala que el rectorado otorgó presupuestos sin su conocimiento. En este sentido, el rectorado aclaró que la adscripción de la Dirección de Planificación y Presupuesto se realizó en diciembre de 2015, siete años después de haberse iniciado la gestión rectoral y fue aprobado por el Consejo Universitario para entrar en vigencia a partir del ejercicio fiscal 2016.
Méndez añadió en su renuncia que una de las razones por las que se retiraba era porque se había nombrado otra comisión de contrataciones, la cual se encarga de todos los procesos de contratación que, aseguró, son competencias del vicerrectorado administrativo. A esto, el rectorado respondió: “A dicha comisión solo le fue asignada la dotación de vestuario, beneficio de alimentación, plan vacacional, fiesta de fin de año y seguros patrimoniales”. Igualmente, las autoridades universitarias aclaran que la decisión de aprobar esa comisión es un acto administrativo fundamentado en el artículo 14 de la Ley de Contrataciones Públicas.
Con respecto a los contratos para servicios y obras, el rectorado afirmó que desde 2016 han asignado créditos adicionales solo para cubrir las “insuficiencias presupuestarias”.
