El gobierno de Pedro Sánchez prepara una nueva ley que incluirá restricciones al derecho de asilo, un camino señalado por la Unión Europea en los últimos años.
El País tuvo acceso a un borrador de ese documento, que limitará el acceso a la protección en los centros de internamiento. Además, también ampliará los motivos de denegación de las solicitudes.
Este es un asunto difícil para la coalición del gobierno de España por las discrepancias que puede originar entre el PSOE y Podemos.
El reglamento actual, que data de 2009, se estima obsoleta porque la realidad migratoria dio un cambio drástico. En ese año era muy modesto la cantidad de solicitudes de refugio que recibía ese país. Sin embargo, en 2019, se registraron 118.000 peticiones.
De esa manera, España se convirtió en el tercer receptor de refugiados de la Unión Europea, solo por detrás de Francia y Alemania.
La nueva normativa respondería a los constantes ultimátum de la Unión Europea. España ha retrasado desde hace años la adaptación de su legislación a los criterios comunitarios.
Además, ha consumido las prórroga al punto de que la Comisión Europea tuvo que abrirle dos procedimientos de infracción. La última advertencia sucedió en octubre de 2019, fecha del borrador, cuando la UE amenazó con llevar a España ante la Justicia de la Unión.
Aunque el gobierno de Sánchez se adaptará así a las directivas de la Unión Europea, también aprovechará la ocasión para introducir sus propios estatutos.
“La clave es tener un sistema rápido para diferenciar quién tiene posibilidad de pedir asilo y quién no. Y hay que devolver a quienes no sean refugiados”, indicó una alta fuente comunitaria a El País.
Los venezolanos lideraron las solicitudes de asilo en España durante 2019, con 40.906. Aunado a ello, se beneficiaron de casi todos los permisos concedidos por razones humanitarias, con 39.667. Así lo informó el 4 de febrero la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y la ONG Accem.
