La ONT FundaRedes en su último boletín «Venezolanos que emigran por mar desaparecen a manos de redes de tráfico de personas», denunció la existencia de una mafia internacional de trata de personas, controlada por grupos armados irregulares y en la que al parecer, de acuerdo a las denuncias que han llegado a la organización, participarían funcionarios venezolanos vinculados al manejo de puertos así como de cuerpos de seguridad del Estado, que operan en las costas de Venezuela.
Esta situación reviste de suma gravedad, aunado a la denuncia formulada por los familiares de desaparecidos que señala que los funcionarios de las dependencias del Estado no impiden este tipo de actividades ilegales que ponen en riesgo la vida de los migrantes.
En 2019 el naufragio de dos embarcaciones que zarparon desde la población de Güiria, en las costas del estado Sucre, con destino a Trinidad y Tobago, dejó expuesta la situación, “la primera de ellas salió el 23 de abril pasadas las 9:00 pm desde el sector La Salina, y posteriormente recorrió otras playas del municipio Valdez de esa jurisdicción para tomar rumbo a la isla de Trinidad y Tobago, zozobrando con 30 personas a bordo, 28 desaparecieron y dos sobrevivieron, del total de pasajeros, 22 eran mujeres de entre 18 y 20 años de edad”.
De acuerdo a la información recopilada por los investigadores, la segunda embarcación de nombre Ana María habría salido de Güiria el 16 de mayo a las 4:00 pm, naufragó unos días después con al menos 29 personas a bordo, de las cuales 28 desaparecieron.
Familiares denuncian complicidad de funcionarios policiales, negligencia en las labores de búsqueda y salvamento, así como en las indagaciones posteriores al caso.
“Testimonios de sobrevivientes indican que el naufragio no fue accidental, sino provocado por la tripulación que opera en complicidad con bandas armadas dedicadas a vender a los viajeros a redes de trata de personas”, señala el informe.
El parlamentario a la Asamblea Nacional por el estado Sucre, Robert Alcalá denunció que las autoridades venezolanas no activaron a tiempo el protocolo de búsqueda y rescate, y que tampoco se cuenta con los equipos necesarios para enfrentar este tipo de tragedias.
Según se pudo conocer las pesquisas oficiales llevaron al arresto de al menos nueve personas, entre ellas funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana a quienes investigaron por el delito de trata de personas, pues tanto los sobrevivientes como los familiares de las víctimas afirmaron que muchos de quienes viajaban en estos botes lo hicieron bajo engaño y finalmente descubrieron que serían obligados a prostituirse.
Víctimas en el estado Falcón
Asimismo el trabajo de documentación hace referencia a hechos similares ocurridos en el estado Falcón, donde un grupo de migrantes pretendía llegar a la isla de Curazao y sus familiares no volvieron a tener noticias de ellos, FundaRedes ha obtenido al menos tres testimonios de familiares de estas víctimas.
Un informe de la Organización Internacional de Migraciones (OMI) , que contabiliza más de 80 desapariciones de venezolanos en el Caribe y cita testimonios de sobrevivientes y familiares de los desaparecidos, afirma que los traficantes de personas venden a los migrantes viajes en barcos sobrecargados e inadecuados para el transporte de pasajeros en mar abierto. Al cierre de 2019 – según las investigaciones realizadas por activistas de FundaRedes- el número de desaparecidos ascendía a 152.
“Existen grupos criminales actuando en altamar que interceptan las embarcaciones para secuestrar a los migrantes y exigir rescates o para venderlos en el mercado de la trata de personas, contando para ello con la cooperación del crimen organizado que opera en Trinidad y Tobago vinculadas al comercio sexual y a otras formas de esclavitud moderna”, revela el estudio.
A la espera de justicia
Por su parte los familiares de los desaparecidos han denunciado que pese a tener pruebas contundentes que confirman la presencia en las Islas del Caribe de algunos de los migrantes captados, “el Estado venezolano ha hecho caso omiso a nuestra situación y ninguna autoridad implementó algún tipo de control migratorio”.
Para la organización pro defensa de DDHH los sucesos ocurridos en Sucre y Falcón ponen al descubierto la fragilidad del Estado venezolano en la protección de sus ciudadanos ante eventuales violaciones a sus derechos humanos, incluso, su debilidad e inacción para investigar los hechos, a pesar de que el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela declara al país como un Estado democrático y social de Derecho y de justicia en el que sus instituciones tienen por función primordial velar, promover y hacer respetar los Derechos Humanos.
“El Estado venezolano tiene la obligación de prevenir y evitar que ocurran desapariciones forzadas, además de luchar contra la impunidad para garantizar el derecho de las víctimas a la justicia, a la reparación y a que se conozca la verdad sobre las circunstancias en que ocurrieron los hechos, así como también debe respetar el derecho de los familiares a buscar, recibir y difundir información relacionada con cada caso”, asegura FundaRedes.
