Organizaciones humanitarias y asociaciones de inmigrantes denunciaron este jueves el desalojo en Bogotá de decenas de familias venezolanas y otras personas vulnerables que no pueden pagar el arriendo de sus habitaciones debido a que la cuarentena por el COVID-19 les impide trabajar.
Las víctimas son personas que se ganan la vida en las calles de la ciudad y al no poder asumir un alquiler mensual pagan un hospedaje diario en hoteles de mala muerte o pensiones del centro donde ya no son aceptados por falta de dinero.
La asociación Venezuela Proactiva alertó de que en el barrio de Santa Fe, conocido por ser una zona de prostitución, posadas y hoteles «pagadiarios», han expulsado a numerosas familias, con niños incluidos, a los que no les queda más remedio que pernoctar a la intemperie, con el agravante del frío bogotano.
«Están sacando de las viviendas a los migrantes. Desde el sábado algunos dueños de estos hoteles les dicen a las familias que tienen que irse. Hay familias que están en la calle, que no pudieron salvar sus cosas y también trabajadores que al volver a la habitación se encontraron con que su puerta estaba bloqueada con un candado», expresó a Efe el portavoz de la organización, Carlos Álvarez.
El activista divulgó unas fotografías en las que se ve a una familia con niños sentada en el suelo con una maleta, mantas y mascarillas contra el coronavirus.
Sin ingresos por la cuarentena
Colombia comenzó ayer una cuarentena nacional de 19 días, que irá hasta el 13 de abril, para prevenir la expansión del COVID-19, medida que fue precedida por un aislamiento preventivo de cinco días ordenado por la Alcaldía de Bogotá .
Con esas medidas desapareció toda actividad económica de la ciudad, salvo las esenciales, y quienes vivían de trabajos callejeros, como las ventas ambulantes o la limpieza de cristales de los autos en los semáforos perdieron todo sustento.
Ante esa situación muchos no pueden abonar los entre 15.000 y 25.000 pesos (entre cuatro y seis dólares) que cuesta una habitación por día, según Álvarez.
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el 40 % de la población activa bogotana en el año 2019 se dedicaba a trabajos informales, y entre ellos hay miles de venezolanos que forman parte de los más 1,6 millones que se han establecido en Colombia para escapar de la crisis en su país.
Búsqueda de soluciones
La Secretaría de Gobierno de Bogotá explicó a Efe que están mediando con los dueños de los hoteles para que no se ejecuten los desalojos, prohibidos tras el decreto 093 expedido ayer por la alcaldesa de la ciudad, Claudia López, para ayudar a la población vulnerable mientras dure la cuarentena.
En el decreto se afirma que «el prestador de servicios de vivienda que corresponden a menos de treinta días (…) se abstendrá de desalojar al usuario en condición de vulnerabilidad por el no pago del hospedaje, durante el término del aislamiento preventivo obligatorio».
Con el decreto en la mano, la Alcaldía logró parar este jueves un desalojo en el barrio aledaño de Los Mártires, dijo el secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez.
El alcalde menor de la localidad de Los Mártires, Raúl Esteban García, dijo a Efe que hoy se reunió con los dueños de los hoteles para evitar el desalojo «de unas mil o 1.500 personas» y que estaban buscando resolver la situación de unas cuarenta personas que seguían en la calle.
El Consejo Noruego para Refugiados (NRC) y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) están informados de la situación y están trabajando en ella explicaron a Efe portavoces de estas organizaciones.
El NRC advirtió que los desalojos no solo afectan a los inmigrantes venezolanos sino también a familias colombianas en situación de vulnerabilidad.
«Muchos migrantes trabajan del día a día en la informalidad. Estamos caminando en las calles esperando a que se solucione el problema. Esperamos que no haya más desalojos esta noche», lamentó Álvarez, de Venezuela Proactiva.
EFE
