Treinta y cuatro periodistas fueron agredidos y 11 de ellos fueron detenidos por funcionarios de los organismos de seguridad del Estado durante los primeros 15 días de cuarentena decretada por el gobierno presidido por Nicolás Maduro, denunció el Colegio Nacional de Periodistas, seccional Caracas.
Edgar Cárdenas, secretario general del ente gremial, dijo que «las agresiones a periodistas y el hostigamiento a los medios representan las pretensiones del gobierno por silenciar los derechos a la libertad de expresión e información».
En un documento elaborado por el Observatorio de Seguimiento de Agresiones a Periodistas y Medios del CNP Caracas se registraron 11 detenciones arbitrarias, cinco casos de hostigamiento, tres casos de intimidación, tres casos de amenazas, un caso de retención y destrucción de credencial periodística, 10 denuncias de impedimento de circulación de periodistas mientras efectuaban cobertura, un caso de borrado de material grabado y dos medios impresos dejaron de circular por la imposibilidad de distribuir el periódico por la escasez de gasolina.
Detenciones arbitrarias
El balance registra 11 detenciones arbitrarias de periodistas, destacando los casos de Darvinson Rojas y Beatriz Rodríguez.
La vivienda de Rojas fue «allanada por funcionarios de la FAES» el pasado sábado 21 de marzo, asegura el CNP, siendo trasladado junto a sus padres a la sede del organismo policial en la urbanización La Quebradita en el oeste de Caracas.
Cerca de la media noche del mismo día fueron liberados los progenitores de Rojas, quienes el domingo 22 se dirigieron de nuevo al cuerpo de seguridad donde se les informó el periodista no se encontraba allí.
Sus familiares tuvieron que dirigirse a distintos lugares de la ciudad, hasta que lo localizaron en Caricuao.
Posteriormente fue presentado ante tribunales «de forma clandestina e imputado por delitos de instigación al odio e instigación pública, sin permitirle nombrar los abogados para su defensa, asignándoles entonces una defensora pública», denuncia el CNP.
Fueron dictadas medidas cautelares, se le solicitaron fiadores y otros recaudos para su liberación siendo excarcelado este 2 de marzo.
En el caso de la directora del diario La Verdad, Beatriz Rodríguez, esta fue sacada de su vivienda en Catia La Mar y llevada a declarar ante la Fiscalía, luego que el medio publicó sobre un caso de coronavirus en Vargas.
Fue citada nuevamente a declarar el 25 de marzo, siendo liberada, aunque se abrió una investigación contra el medio, añadió el CNP.
Restricciones al derecho a la información
Para Cárdenas, es muy grave que el gobierno presidido por Maduro, se «aproveche del estado de emergencia producto de la pandemia por Coronavirus, para atentar contra un valor de la democracia como es el derecho a la información», indica un boletín del CNP .
Asimismo dijo que “el CNP Caracas, desde el año pasado, ha venido denunciado que la agresión a periodistas se ha ido convirtiendo en una política de Estado, que busca silenciar a la prensa libre sobre lo que acontece en Venezuela».
Dentro de las normas que rigen el Estado de Emergencia, «las autoridades deben permitir la libre circulación de la prensa, de los servicios de salud y las cadenas de alimentos. Sin embargo, funcionarios policiales han intentado evitar la movilización de los comunicadores sociales para que estos no cumplan con la labor de informar», añadió el CNP.
El dirigente gremial aseguró que «el periodismo es un servicio público y la información es un derecho humano que en estados de emergencia no se puede limitar».
Asimismo destacó que el artículo 337 de la Constitución Nacional, instaura a la información como un derecho humano intangible.
En la coyuntura actual producto de la pandemia Covid-19, el periodista y los medios de comunicación social tienen la obligación de cumplir fielmente, sin censura, con este mandato, sin pretender tratamiento especulativo de la noticia, ni ningún provecho partidista o personal, sino el de informar, señala el CNP.
En estos momentos de angustia que vivimos los venezolanos; el periodista está claro que sus funciones son las de ser orientadores, con informaciones ciertas, oportunas, pertinentes, adecuadas, apropiadas, de manera que el pueblo pueda estar debidamente informado y orientado, por lo que estamos obligados a. cumplir con lo señalado por nuestro Código de Ética en su Artículo 6: ‘el periodista se debe fundamentalmente al pueblo, el cual tiene derecho a recibir información veraz, oportuna e imparcial a través de los medios de comunicación social'», recuerda el CNP.
El ente gremial recuerda que información veraz es “aquella que se elabora a partir de la comprobación y verificación de la información con fuentes idóneas; y que se concibe y procesa de acuerdo con el apego estricto a la verdad obtenida por el periodista, sin una intención consciente ni maliciosa de tergiversar los hechos”.
En Venezuela debe respetarse y garantizarse el derecho a la libertad de expresión. Cercenar el derecho de información, legitimar la censura y criminalizar la opinión, son conducente tas propias de los regímenes autoritarios, concluye el CNP.
