El empresario colombiano Alex Saab, señalado por la oposición venezolana de ser un «testaferro» del presidente Nicolás Maduro, fue arrestado el viernes en Cabo Verde, África, informó el sábado su abogada en Miami.
Cabo Verde no tiene tratado de extradición con Estados Unidos y la abogada que confirmó a la AFP su arresto, María Domínguez, no ofreció más detalles sobre el caso.
Junto a otros colombianos, Saab fue acusado en julio de 2019 en Estados Unidos de lavar dinero según un esquema de sobornos, transfiriendo unos 350 millones de dólares fuera de Venezuela a cuentas en el extranjero que poseían o controlaban.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sostiene que Saab se aprovechó desde 2016 de contratos sobrevalorados vinculados al plan de ayuda alimentaria de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) venezolanos, en una confabulación que incluye a los tres hijastros de Maduro, así como a 13 compañías en varios países y operaciones ilegales en el sector del oro en Venezuela.
Un alto funcionario estadounidense, en diálogo con AFP bajo condición de anonimato, explicó que ante la escasez de divisas a principios de 2018, Maduro le otorgó a Saab el monopolio de la venta de oro extraído ilegalmente de las selvas del Arco Minero del Orinoco, vastas zonas mineras del sur de Venezuela.
El Tesoro dijo que Saab trabajó con el exvicepresidente venezolano y actual ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, para montar esa estructura, que tuvo apoyo del Bandes y del Banco Central de Venezuela (BCV).
El diputado opositor venezolano Julio Borges, representante para Relaciones Exteriores del jefe parlamentario Juan Guaidó, saludó el arresto de Saab.
«Su captura es un duro golpe a la estructura del régimen, demuestra que los venezolanos no estamos solos y que con Maduro no hay futuro, ni siquiera para quienes lo sostienen. Las acciones contra los cómplices de la dictadura seguirán, estamos decididos a lograr la transición».
El Gobierno venezolano no se ha pronunciado sobre el caso.
Desde noviembre pasado, Saab y su esposa italiana, Camilla Fabri, están siendo investigados en Italia por pertenecer a una red de lavado de dinero de los subsidios para Venezuela relacionados con el programa CLAP, que tiene unos 16 millones de beneficiarios, según la prensa italiana.
