Comerciantes del municipio Guaicaipuro denunciaron que la alcaldesa Wisely Álvarez, emitió dos decretos para aumento de tributos e impuestos de negocios que los llevarían a pagar hasta $2.000 para obtener una licencia de negocio.
En un comunicado firmado por los comerciantes de esta subregión, enviado a El Pitazo, se señala que se publicaron los reglamentos que contienen el aumento de los impuestos en el Municipio Guaicaipuro, de acuerdo a dos proyectos de ordenanzas propuesto por la burgomaestre para modificar la actividad económica en la jurisdicción.
Según lo denunciado por los empresarios el primero de los proyectos consistía en crear la Unidad Tributaria Municipal anclada al Petro fluctuante, denominada Unit Guaica y el segundo una reforma de la Ordenanzas de Actividades Económicas.
Las propuestas fueron aprobadas en sesión de cámara municipal con las observaciones de adaptarse a la realidad actual, en medio de la pandemia mundial y con consideración a la recesión económica que afecta a la economía Nacional y local. Los dos reglamentos, que contienen el aumento de los impuestos en la capital mirandina, generaron el rechazo de los comerciantes de la zona que lo califican como un acto ilegal que viola la sentencia del TSJ donde obliga a los municipios a suspender el cobro de impuestos por un lapso de 90 días mientras se realizan mesas de trabajo.
Una vez aprobadas las dos ordenanzas por el Concejo Municipal se le remitió a la alcaldesa para su promulgación, acto al que se habría negado rotundamente por considerar que el texto no fue aprobado en acuerdo a la fiel redacción de la autoridad municipal.
Con la aplicación de estas ordenanza, de acuerdo a los señalado en el comunicado de los denunciantes: Montar una bodega en un barrio y legalizar un negocio requiere un trámite en Hacienda para lo cual de acuerdo a los decretos de la Alcaldesa se deben pagar 50 Unitguaicai, que multiplicado por el precio del Petro fluctuante equivale a casi 2.000$.
Reiteran que es ilegal el aumento de los impuestos de forma desproporcionada, contrario a lo señalado por el Ejecutivo Nacional y Judicial en una sentencia donde obliga a los municipios a suspender el cobro de impuestos por un lapso de 90 días mientras se realizan mesas de trabajos entre comerciantes, empresarios, gobiernos estatales y locales para armonizar dichos impuestos, “lo cual la alcaldesa ha hecho caso omiso cayendo en un posible desacato de ley”, finaliza la misiva de denuncia.
PDO
