La Superintendencia de Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Sundde) anunció, este sábado 15 de agosto, que 156 colegios privados, de 200 inspeccionados en todas las zonas educativas del país, fueron sancionados por presunto incumplimiento de las resoluciones 114 y 0027, dispuestas en Gaceta Oficial, que establecen la fórmula para el ajuste de matrícula y mensualidad.
En la cuenta de Twitter del organismo se da cuenta del proceso de «abordaje» de los planteles privados, los cuales están obligados a cumplir un protocolo para la fijación de matrículas y mensualidades, de conformidad con las regulaciones vigentes.
Las instituciones sancionadas por la Sundde deberán realizar un ajuste de sus cuotas rigiéndose por lo previsto en las normas, luego de una evaluación simple de sus estructuras de costos.
Las directivas de los colegios deben cumplir una serie de pasos para poder ajustar los precios:
Por su parte, los gremios representativos de la educación privada y organizaciones características de los movimientos de padres y representantes han cuestionado los métodos de la Sundde para determinar las sanciones, argumentando que el organismo no ha desarrollado un análisis real de los costos, “ni se toman en cuenta los impactos de la hiperinflación y la devaluación en las condiciones financieras de los planteles”.
Según información de Banca y Negocios, el presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Educativas Privadas (Andiep), Fausto Romeo, explicó que desde inicios del confinamiento social en el país, las instituciones privadas se han visto obligadas a invertir “grandes cantidades de dinero” en el proyecto educativo y en gastos operativos.
“Conozco colegios que salieron a comprar laptops, smartphones, y que están incluso costeando la conectividad de los profesores, además de transporte particular para que estos puedan movilizarse a los colegios de forma más segura sin tener que usar el transporte público”, señaló el directivo.
Con información de Banca y Negocios
