El gobierno de Sierra Leona va a presentar al Parlamento una proposición para la abolición definitiva de la pena de muerte. Así lo anunció ayer miércoles, 12 de mayo, el viceministro de Justicia, Umaru Napoleón Koroma, que no precisó la fecha en que la iniciativa será llevada al Congreso. El presidente Julio Maada Bio ha tomado esta decisión, dijo, «para defender los derechos humanos básicos de los sierraleoneses». En esta antigua colonia británica la Constitución de 1991 contempla la posibilidad de aplicar la pena capital para casos de asesinato, traición, motín e incluso robo con agravante. Según Amnistía Internacional, el año pasado los jueces dictaminaron 39 sentencias de esta clase, casi el doble que en el año anterior.
No obstante, no se ha dado cumplimiento a ninguna de ellas. De hecho, las últimas ejecuciones allí datan de 1998, cuando 24 personas fueron fusiladas en una playa cerca de Freetown por un intento de golpe de Estado. Sierra Leona, un país de 71.700 kilómetros cuadrados (algo menos que Castilla-La Mancha) y 7,5 millones de habitantes, sufrió entre 1991 y 2002 una sangrienta guerra civil que causó aproximadamente 120.000 muertos. La Comisión de la Verdad y Reconciliación creada después concluyó en 2004 que los sucesivos gobiernos habían «abusado de la pena de muerte para eliminar a los opositores políticos», y pidió al Estado que renunciara a ella. Ningún dirigente, sin embargo, se atrevió a dar ese paso debido al aumento de la violencia de las pandillas y a la presión de la opinión pública. A finales del año pasado, en 144 países del mundo ya no se aplicaba la pena capital, bien por haber dejado esta de figurar en sus ordenamientos jurídicos, bien por no haber ejecutado condenas en los últimos diez años. Esto supone que tres de cada cuatro naciones consideran ya, en línea con el Catecismo de la Iglesia católica, que el recurso a la pena de muerte es innecesario «para la tutela del bien común».
En el Rescriptum de 2018 para la nueva redacción del número 2267 del Catecismo, el Papa Francisco indicó que la pena de muerte es hoy «inadmisible», subrayando que la Iglesia «se compromete con determinación a su abolición en todo el mundo». Según Amnistía Internacional, China, Irán, Egipto, Irak y Arabia Saudí son los países que más recurren a la pena capital. Se cree que en China — donde el dato de las ejecuciones se considera secreto de Estado— son asesinadas cada año por el Estado miles de personas. Egipto mató el año pasado a 107, el triple que el año anterior. En este último país la última ejecución se produjo el pasado domingo, 9 de mayo. El reo ajusticiado fue un monje que había sido condenado por el asesinato en 2019 del abad del monasterio de San Macario, al norte de El Cairo. Según Amnistía, su confesión fue arrancada con torturas y el proceso judicial estuvo plagado de irregularidades. El presidente Al-Sisi no lo indultó.
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