La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le insistió una vez más al Gobierno de Colombia que le permita realizar una visita de trabajo al país “a la brevedad posible” para analizar en terreno la situación de derechos humanos durante las protestas del paro nacional que iniciaron el pasado 28 de abril. La nueva solicitud se da luego de que la presidente de la CIDH, Antonia Urrejola, se reuniera con la vicepresidenta y canciller designada de Colombia, Marta Lucía Ramírez, como parte de una gira internacional que la política colombiana está realizando para exponer la situación de derechos humanos (DDHH) que vive el país desde el comienzo del paro nacional. “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mantuvo una reunión con la Vicepresidente y Canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, el 24 de mayo de 2021, para abordar la situación de los derechos humanos, el uso excesivo de la fuerza en las protestas por parte de agentes del Estado y los actos de violencia registrados durante las mismas.
En la ocasión, la Comisión enfatizó la importancia de realizar la visita de trabajo en la brevedad posible teniendo en cuenta el actual contexto de derechos humanos a partir de las manifestaciones iniciadas el pasado 28 de abril”, informó el organismo internacional en un comunicado publicado el 25 de mayo. En la reunión, Ramírez aseguró que el Gobierno colombiano “está totalmente comprometido a que bajo ninguna circunstancia se cometan en Colombia abusos en materia de DDHH durante estas protestas. Desafortunadamente ha habido casos que se han visto violentos en las calles y ha habido heridos y muertos. Ningún abuso ni supuesto abuso cometido por parte de una autoridad, bien sea policía o militar, va a dejar de investigarse. Todos sin excepción tienen que investigarse. Nadie estará por encima de la ley y eso incluye a los que tengan uniforme y los que no tienen uniforme”.
Sin embargo, la CIDH “expresó su preocupación por los resultados del uso desproporcionado de la fuerza, en particular en términos del elevado número de pérdida de vidas humanas, personas heridas, incluyendo lesiones oculares y denuncias de desaparición forzada en el contexto de las protestas; así como su preocupación sobre denuncias de violencia sexual y de género en el marco de las protestas. También manifestó su preocupación sobre la necesidad de contar con un registro confiable y transparente sobre denuncias de violaciones a derechos humanos y la importancia de la participación de la sociedad civil en su elaboración; y por las afectaciones ocasionadas por actos violentos y vandálicos”. A las 4:00 de la tarde de este 25 de mayo, la Defensoría del Pueblo de Colombia se reunió con la CIDH para “con documentación en mano, informar a sus miembros los hechos desarrollados durante los 28 días de protesta”, dijo la entidad colombiana en un comunicado.
Sin embargo, todavía se desconocen las conclusiones de dicho encuentro. Según balances publicados por la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General y el Ministerio de Defensa con corte al 20 de mayo, las jornadas de paro nacional y protestas en Colombia dejan hasta ahora 26 personas muertas: los decesos de 15 civiles y un policía están directamente relacionados con el desarrollo de las manifestaciones y 11 están en proceso de verificación. Por su parte, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) asegura que hasta el 18 de mayo se habían cometido 2.387 casos de violencia policial y 51 asesinatos durante las manifestaciones por el paro nacional, de los cuales 43 “habrían sido asesinados con presunta autoría de la Fuerza Pública”.
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