Un tribunal de Argentina condenó este martes a la vicepresidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner, a 6 años de prisión por el delito de administración fraudulenta durante los 12 años que gobernaron ella y su difunto marido, el expresidente Néstor Kirchner (2003-2015).
Sin embargo, la vicepresidenta fue absuelta del cargo de ser jefa de una asociación ilícita. La sentencia también inhabilita a la exmandataria a ocupar cargos públicos de por vida.
Kirchner niega los cargos y afirma ser víctima del «lawfare» o guerra jurídica.
Es la primera vez en la historia del país que un vicepresidente en funciones es juzgado y condenado por la justicia.
No obstante, el fallo no supone que la vicepresidenta entre inmediatamente a la cárcel, ya que primero debe ser ratificado por la Cámara de Casación y la Corte Suprema, lo que podría tardar años.
Kirchner goza además de fueros que impiden que sea arrestada hasta el 10 de diciembre de 2023, cuando concluye su mandato, y podrá presentarse a elecciones para un nuevo cargo en los comicios del año próximo, lo que podría extender su inmunidad.
La exmandataria fue acusada de haber otorgado obras viales millonarias a un socio y presunto testaferro, quien también fue condenado, al igual que otros diez exfuncionarios kirchneristas.
Acusada
La exmandataria fue condenada por haber direccionado obras públicas en la provincia patagónica de Santa Cruz, que Néstor Kirchner gobernó durante más de una década antes de llegar a la presidencia y donde aún mantiene su residencia la vicepresidenta.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola dijeron que los Kirchner «instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que, lamentablemente y tristemente, se hayan desarrollado en el país».
La acusación aseguró que, días antes de asumir la presidencia, en 2003, crearon una empresa constructora, llamada Austral Construcciones, a la que luego le fueron adjudicadas la mayoría de las obras viales que se realizaron en Santa Cruz.
Según los fiscales, pusieron al frente de la constructora a un socio comercial y amigo de la familia, que actuó como testaferro: Lázaro Báez, un exgerente del Banco de Santa Cruz que, según el Ministerio Público, no tenía experiencia en el rubro de la construcción.
Báez, que el año pasado fue sentenciado a 12 años de prisión por lavado de dinero, también fue condenado en este juicio, junto con otros once exfuncionarios kirchneristas, incluyendo al exsecretario de Obras Públicas, José López, quien ya está detenido por otras causas de corrupción luego de que se lo descubriera arrojando bolsos llenos de dólares a un convento, en 2016.
Según Luciani y Mola, Austral Construcciones recibió licitaciones para construir 51 obras, el 79% de las obras de la provincia de Santa Cruz durante el período en el que los Kirchner gobernaron el país.
Pero solo dos fueron finalizadas a tiempo y la mitad nunca se terminaron. Además, dijeron que la empresa fue favorecida con sobreprecios millonarios.
«Todas las licitaciones fueron una farsa. Hubo una cartelización organizada por el Estado nacional», acusaron, estimando que la maniobra de corrupción perjudicó al Estado por más de US$1.000 millones, dinero que -pidieron- sea decomisado de los bienes de los condenados.
Durante su alegato, los fiscales detallaron que las irregularidades en favor de Báez se multiplicaron en 2007 y 2011, años de elecciones nacionales (que ganó el kirchnerismo), y aseguraron que esto se debió a que la asociación ilícita buscaba recaudar para las campañas electorales.
Austral Construcciones dejó de operar en diciembre de 2015, momento en que Cristina Kirchner dejó el poder, un hecho que -para la Fiscalía- también demuestra que había un vínculo entre la constructora de Lázaro Báez y los Kirchner.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.° 2, integrado por Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, dará a conocer los argumentos de su sentencia el 9 de marzo de 2023, luego de las vacaciones judiciales de verano.
En ese momento, los abogados de la vicepresidenta podrán apelar el fallo ante la Cámara Federal de Casación.
Si ese tribunal ratifica la sentencia, la defensa aún podrá apelar ante la Corte Suprema de Justicia.
Mientras tanto, Cristina Kirchner estará libre y podrá presentarse a elecciones en los comicios generales de octubre de 2023.
Si eventualmente su condena queda firme y ella ocupa un cargo en el Poder Ejecutivo o en el Poder Legislativo, para que vaya a prisión primero deberá ser destituida a través de un juicio político.
De ocurrir, Kirchner podría eventualmente cumplir una pena de prisión domiciliaria ya que en febrero próximo cumplirá 70 años, la edad a partir de la cual se puede exigir ese beneficio.
Además de la causa Vialidad -la primera que llegó a juicio- la exmandataria también está procesada en otra «megacausa» conocida como «los cuadernos de la corrupción», en la que se le acusa de recibir sobornos de empresarios de la obra pública.
La causa fue elevada a juicio en 2019 pero el proceso -en el que también están acusados exfuncionarios y varios empresarios, entre ellos un primo de Mauricio Macri- aún no tiene fecha de comienzo.
Kirchner también fue sobreseída en otras tres causas, antes de que se iniciaran los juicios, entre ellas en la llamada «Hotesur/Los Sauces», en la que se la acusaba, juntos a sus hijos, de haber utilizado hoteles para lavar dinero proveniente de empresarios de la obra pública como Lázaro Báez, quien alquilaba habitaciones en las propiedades de los Kirchner, supuestamente para los empleados de su constructora.
Con información de El Universal
