Los diversos cuerpos de seguridad del Estado venezolano fueron culpables de, al menos, 824 presuntas ejecuciones extrajudiciales durante el año pasado, 590 menos que en 2021, según un informe difundido este viernes por las ONG Provea y Fundación Centro Gumilla, como parte del proyecto común Lupa por la Vida.
«Aunque en los dos últimos años se ha producido una baja en la cantidad de personas asesinadas por policías y militares, no existen indicadores sólidos para considerar que se están adoptando medidas orientadas a superar el uso abusivo de la fuerza letal», aseguraron las organizaciones.
Señalaron que, en 2020, se contabilizaron 3.034 víctimas, una cifra que disminuyó a 1.414 en 2021 y a 824 el año pasado.
Del total de víctimas documentado en 2022, 806 fueron hombres y 18 mujeres, y la mayoría eran jóvenes de entre 18 y 30 años de edad que residían en barriadas pobres.
Indicaron que la mayoría de las víctimas de las cuales se pudo conocer el lugar donde recibieron los disparos fueron asesinadas mediante tiros en el tórax.
El organismo de seguridad más letal, según las ONG, fue la Policía Nacional Bolivariana (PNB), seguido de policías estadales, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
Provea y el Centro Gumilla pidieron el cese de la criminalización de los jóvenes de los sectores populares y el desarrollo de políticas públicas que brinden oportunidades de prosperidad y calidad de vida adecuada.
Asimismo, entre sus recomendaciones, consideraron importante establecer las responsabilidades penales, tanto de los autores materiales de las violaciones al derecho a la vida como de las cadenas de mando intermedias y superiores de los organismos policiales y militares.
