La reciente muerte de Carlos Gómez, alias el Conejo, líder de una banda criminal fallecido durante un enfrentamiento con funcionarios policiales, es vista por las autoridades como un proceso para garantizar la «paz y la tranquilidad», lo que expertos consideran insuficiente para reducir la criminalidad si no se incluye una política de prevención.
El ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos, informó de la muerte de Gómez a finales de marzo, un mes después de que las autoridades ofrecieran un millón de dólares a quien brindara información que facilitara su captura.
Luis Izquiel, abogado penalista y profesor de criminología de la Universidad Central de Venezuela (UCV), explicó a EFE que, desde hace unos tres años, el gobierno venezolano cambió la visión sobre cómo tratar con las «megabandas» criminales del país y sus cabecillas.
«Hubo mucho tiempo de permisividad con estos grupos criminales y desde, yo diría dos o tres años, hay una política de mano dura de operativos grandes contra distintas bandas», señaló.
A su juicio, esto puede no ser suficiente para acabar con un grupo criminal completo, puesto que una vez «desaparece» el líder, este puede ser sustituido por otro integrante para seguir operando.
Sin control de la criminalidad
La criminóloga y coordinadora de investigación de la ONG Una Ventana a la Libertad, Magally Huggins, dijo a EFE que la muerte del Conejo no es un hecho aislado, porque las bandas «han jugado un papel político, entre comillas, es decir, han sido utilizadas desde instancias de poder para controlar, sobre todo a los sectores populares».
«No lo podemos ver como un hecho aislado, ni va a controlar la criminalidad, porque la criminalidad no se controla si no hay políticas públicas que partan de la prevención», afirmó.
Esta política, prosiguió, debe comenzar con una acción conjunta interministerial en donde las decisiones se tomen de manera coordinada.
«Sin una buena política preventiva, educativa, sin que el sistema de justicia funcione y apliquen la ley y el debido proceso, vamos a seguir igual para peor», añadió.
Tanto Huggins como Izquiel consideran como otra problemática la desconfianza hacia los cuerpos policiales por parte de los ciudadanos que, además, en diversos casos, se sienten más seguros con los presuntos delincuentes.
«En la medida en que los cuerpos policiales sean bien formados, bien entrenados y respondan al trabajo que les corresponde, la gente va a volver a confiar en ellos, pero si entras al barrio porque eres policía y vienes nada más echando plomo (disparando), por qué voy a confiar en ti», apostilló Huggins.
Control incompleto y con denuncias
Izquiel dijo que estos operativos, que por lo general terminan en enfrentamientos, sirven para desarticular bandas criminales en Venezuela, aunque se mantienen otras como la del Tren de Aragua, que extendió sus operaciones a otros países como Colombia o Chile, y que es controlada por un preso desde una cárcel venezolana.
«Estos son operativos que no se podrían hacer en un país con Estado de derecho, porque luego hay múltiples denuncias de violaciones de los derechos humanos», agregó.
Uno de estos operativos, anunciado por el gobierno venezolano en 2015, fue el llamado Operación de Liberación del Pueblo (OLP), con el objetivo de combatir la inseguridad, en el que hubo un despliegue importante de funcionarios de distintos cuerpos de seguridad, principalmente, en sectores populares.
La ONG Provea documentó cientos de denuncias sobre violaciones de derechos humanos cometidos por los cuerpos policiales y militares, con ejecuciones extrajudiciales, allanamientos masivos en conjuntos residenciales, desalojos forzosos, detenciones arbitrarias, deportaciones masivas e inconsistencia en las cifras y balances ofrecidos por las autoridades.
