Human Rights Watch (HRW) consideró este viernes como «preocupantes» las declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, sobre la separación de poderes, y reafirmó que «la Fiscalía es parte de la rama judicial» después de que el mandatario asegurara que él es jefe directo del fiscal general.
«Preocupantes estas declaraciones del presidente Petro. Según la Constitución Política del (año) 91, la Fiscalía es parte de la rama judicial y por lo tanto independiente del Ejecutivo», indicó en un mensaje en Twitter el subdirector en funciones para las Américas de HRW, Juan Pappier.
Según Pappier, «las crecientes tensiones entre el fiscal y el presidente, motivadas por actitudes irresponsables de ambos lados, ponen al país en una situación institucional preocupante».
El presidente está hoy en el centro de la polémica después de unas declaraciones que dio en España sobre el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, al que se refirió como su subordinado.
«Soy el jefe de Estado, por tanto, el jefe de él»
«Yo soy el jefe de Estado, por tanto, el jefe de él», manifestó Petro a periodistas en la ciudad española de Salamanca donde hoy recibió una condecoración, acto con el cual cerró su visita oficial a ese país.
La declaración de Petro se dio en medio de una controversia que tiene desde hace meses con Barbosa, quien ha cuestionado decisiones del mandatario, principalmente relacionadas con su política de paz total, y este le reprochara el jueves al presidente que con sus comentarios le pone «una lápida a funcionarios judiciales».
Esta situación, expresó Pappier, «ocurre justamente cuando la Fiscalía tiene por delante la tarea crucial de realizar procesos sólidos contra organizaciones criminales para lograr su sometimiento a la justicia y de investigar evidencias de negociaciones ilegales».
Los comentarios de Petro le han valido más críticas, incluida la Corte Suprema de Justicia colombiana, quien consideró que crean «incertidumbre, fragmentación e inestabilidad institucional».
Además, el alto tribunal le recordó al jefe de Estado que «los jueces, en sus providencias, solo están sometidos al imperio de la ley. Mientras los fiscales, además, están regidos por estrictos controles de legalidad en sus actuaciones».
