La gallina de los huevos de oro de Venezuela, la industria petrolera, ha estado sobre el tapete en las últimas semanas, cuando candidatos a las primarias opositoras han debatido sobre si convendrá o no su privatización, una opción que algunos aspirantes tienen como meta en caso de llegar a la Presidencia.
Un «extenso programa de privatización» del sector petrolero es una de las principales propuestas de la exdiputada María Corina Machado, quien asegura que, de esta manera, se recuperará la producción y Venezuela pasará a ser el «hub» energético «de las Américas», al convertirse en un «proveedor estable, seguro y confiable».
Este planteamiento fue rechazado por el también aspirante a la Presidencia Henrique Capriles, quien manifestó su desacuerdo con la opción de privatizar la estatal Pdvsa, lo que sería «poner en manos de unos pocos el principal activo de los venezolanos».
Una «necesidad ineludible»
El ingeniero petrolero Evanan Romero, asesor de Machado, dijo a EFE que hay una «necesidad ineludible» de privatizar el sector, un proceso que, sin embargo, será «gradual», sobre todo porque existe «una multitud de leyes candados que es necesario modificar o derogar», para lo que se deberá estar en «sintonía ideológica» con el Parlamento, hoy controlado por el chavismo.
Además, prosiguió, se necesita recuperar la confianza para atraer la inversión privada, tanto nacional como extranjera, lo que será posible si se logra un cambio político con un gobierno «más abierto a una economía moderna» y si existen «instituciones que respeten las leyes».
De momento, el equipo económico de Machado, y el energético en concreto, está «elaborando planes» y definiendo las «bases y condiciones» para este proceso, para lo que también se requerirá «financiamiento internacional», debido a la capacidad «limitada» de la banca.
Hay que «empezar a buscar empresas europeas, norteamericanas, japonesas, coreanas», dijo, a las que se les deberá garantizar «cero interferencias negativas» gubernamentales.
La privatización, a su juicio, satisfará «necesidades perentorias de la población», mejorará los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores petroleros y permitirá una «generación de empleo», ya que las empresas requerirán de «ingenieros, técnicos, empleados y obreros» venezolanos.
La ley, un «obstáculo» para la privatización
La Constitución señala que el «Estado se reserva, (…) por razones de conveniencia nacional, la actividad petrolera», y, «por razones de soberanía económica, (…) conservará la totalidad de las acciones» de Pdvsa «o del ente creado para el manejo de la industria petrolera».
Además, la Ley de Hidrocarburos establece que las actividades de exploración, extracción, recolección, transporte y almacenamiento «serán realizadas por el Estado», que «podrá hacerlo mediante empresas donde tenga control de sus decisiones», al «mantener una participación mayor» a 50% «del capital social».
Romero considera que el Legislativo actual, cuyo período vence en 2026, «no va a estar accesible para hacer cambios», por lo que se tendrá que «seguir en ese mecanismo hasta cuando haya nuevas elecciones» parlamentarias para, posteriormente, introducir «un proyecto» que tenga el objetivo de «salir» de este esquema e ir a uno en el que los privados puedan recibir «licencias al 100 %».
Apertura, no privatización
Para el economista e investigador Víctor Álvarez, Premio Nacional de Ciencias, en un país como Venezuela, que tiene «una larga tradición nacionalista y estatista» del sector petrolero, proponer la privatización supone tomar «el camino del fracaso», cuando se puede dejar que «el Estado tenga su (participación en la) industria» y, a la vez, buscar «la inversión privada».
Explicó que, ante el hecho de que «ni el Estado venezolano ni Pdvsa tienen recursos financieros suficientes para rentabilizar esas enormes reservas de petróleo que están en el subsuelo», lo mejor es «asociarse con el capital privado y abrir su participación» en empresas mixtas.
«Privatizar Pdvsa significaría reformar la Constitución, donde está establecido que Pdvsa será 100 % capital estatal, y eso sería irse por un camino muy difícil y muy largo», dijo el experto.
La privatización total del sector «pudiera ser de supremo interés para las grandes corporaciones petroleras transnacionales (…) y las potencias consumidoras de petróleo, (…) pero no convendría absolutamente para nada al interés nacional».
Insistió en que el Estado y el sector privado deben crear «alianzas estratégicas» para la «inversión de la infraestructura» y para que Venezuela pueda «rentabilizar su petróleo y generar los ingresos en divisas que necesita para reconstruir el sistema nacional de salud pública y de educación, para repotenciar los servicios» y para «mejorar las condiciones de vida».
Por consiguiente, agregó que «una industria petrolera que sea 100 % propiedad estatal» es «tan malo como el otro extremo», la completa privatización.
