Aunque desde 2020 parecen haberse reducido los abusos en Venezuela contra los opositores al gobierno de Nicolás Maduro, éstos continúan con mecanismos más «selectivos», denuncia un nuevo informe publicado este miércoles por la Misión Independiente para Venezuela, que se debatirá ante el Consejo de Derechos Humanos.
El informe, presentado en rueda de prensa por los tres miembros de la misión, documenta entre 2020 y 2023 al menos nueve muertes de opositores y líderes de la sociedad civil relacionadas con prácticas represivas, 14 desapariciones forzadas, 58 detenciones arbitrarias, 28 casos de tortura y 19 de violencia sexual y de género.
«Continúan cometiéndose en Venezuela violaciones graves a los derechos humanos, que recientemente se han llevado a cabo de manera selectiva contra personas de la sociedad civil tales como dirigentes sindicales, periodistas y defensores de los derechos humanos», subrayó la presidenta de la misión, la portuguesa Marta Valiñas.
La investigación de la Misión de Determinación de Hechos destacó el cambio de las Fuerzas de Acción Especial (FAES) del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (PNB), una de las estructuras más involucradas en ejecuciones extrajudiciales, a la nueva Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la PNB, creada en julio de 2022.
«El cambio de FAES a DAET pareciera solo de nombre, porque se mantienen los abusos de autoridad y los crímenes de Estado», señaló la misión.
La misión señaló que la DAET tiene funciones similares y actúa del mismo modo que las FAES. Además, de manera preocupante, la nueva Dirección cuenta en su cadena de mando con oficiales de las FAES y de otros cuerpos de seguridad que fueron identificados en el informe de la Misión de 2020 como involucrados en violaciones graves a los derechos humanos e incluso crímenes de lesa humanidad.
“La transformación de las FAES en la DAET es un mero cambio de nombre que evidencia la impunidad persistente y la continuidad de las violaciones graves a los derechos humanos”. Dijo Valiñas.
“Es imperativo vigilar la actuación de la DAET para que no actúe en contravención con las obligaciones internacionales del Estado venezolano con respecto a la protección y respeto de los derechos humanos”, agregó.
Líderes indígenas entre las víctimas
Entre las muertes citadas en el informe figuran tres relacionadas con protestas (como la de Juinor Enrique Chaparro, miembro del pueblo indígena kariña que fue hallado enterrado en el bosque con siete impactos de bala) o tres periodistas asesinados en agosto de 2022 en los estados de Sucre y Zulia.
También se denuncia el asesinato del líder indígena uwottüja Virgilio Trujillo, en junio de 2022 en el estado de Amazonas, el del activista del Partido Comunista José Gregorio Urbina, y las muertes bajo custodia del general Rau Isaías Baduel, fallecido en 2021 en el Helicoide, y del miembro del pueblo indígena pemón Salvador Franco, quien murió en la cárcel de El Rodeo II ese mismo año.
En estas dos últimas muertes, la misión dijo tener «motivos razonables para creer que fueron consecuencia directa de la denegación de atención médica adecuada».
En los 14 casos de desaparición forzada (10 hombres y cuatro mujeres) el informe indica que las víctimas estuvieron en paradero desconocido durante al menos varias horas, y en algunos casos hasta 10 días.
«Continuó la práctica ilegal de llevar a los detenidos a casas clandestinas antes de ingresarlos en un centro de detención oficial», destacó el documento, que será debatido en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el próximo lunes 25 de septiembre.
Detenciones de familiares como presión
Respecto a las 58 detenciones arbitrarias, el informe denuncia que en algunos casos se practicaron contra familiares de sospechosos (algo que ha afectado de forma desproporcionada a mujeres que son pareja de opositores, activistas y otras personas objeto de persecución) para presionar e intimidar a los críticos.
Detenciones de familiares como presión
Respecto a las 58 detenciones arbitrarias, el informe denuncia que en algunos casos se practicaron contra familiares de sospechosos (algo que ha afectado de forma desproporcionada a mujeres que son pareja de opositores, activistas y otras personas objeto de persecución) para presionar e intimidar a los críticos.
Las torturas documentadas a al menos 28 personas (22 hombres y seis mujeres) incluyeron «golpizas (…), suspensión por las muñecas o los tobillos, asfixia con bolsas en la cabeza a veces rociadas con insecticida, exposición a bajas temperaturas, quemaduras con cigarrillos y privación de sueño», entre otras.
«Tuvieron por objeto castigar a los detenidos por sus actividades sindicales o relacionadas con los derechos humanos», añadió el documento de la misión, que junto a Valiñas está formada por el jurista chileno Francisco Cox y la argentina Patricia Tappatá.
Mujeres víctimas de violencia sexual
En el caso de la violencia sexual y de género, el informe documentó 19 víctimas (15 mujeres y cuatro hombres), denunciando el uso habitual de la desnudez forzosa en el sistema penitenciario venezolano, afectando desproporcionadamente a las mujeres.
La reducción de las protestas antigubernamentales a partir de 2020, a causa de factores como el inicio de la pandemia de covid-19, parece según el informe haber reducido estas tácticas de mano dura, aunque el documento insiste en que la estructura represiva del Estado no se ha desmantelado.
El gobierno «ha intensificado recientemente sus esfuerzos de reducir el espacio cívico y democrático», señala la misión, advirtiendo que lo hace también con tácticas más blandas como amenazas, vigilancia y hostigamiento constante, difamación y censura.
“Nuestra conclusión es que hasta el día de hoy se están cometiendo graves violaciones de derechos humanos en Venezuela y estas violaciones no son aisladas, sino que son parte de una política estatal para reprimir la disidencia”, agregó Valiñas.
2024, año clave
Este panorama, subraya la misión, es especialmente alarmante en un país que se encamina a las elecciones presidenciales en 2024, con al menos tres candidatos de la oposición inhabilitados ya por el Consejo Nacional Electoral.
El informe, cuarto que presenta ante el Consejo de Derechos Humanos esta misión creada en 2019, se realizó con 254 entrevistas y cuatro diálogos en los que participaron 299 personas por vía telefónica, mensajería o videollamadas, ante la imposibilidad de la misión de visitar Venezuela, por la negativa de las autoridades.
En ese sentido, la misión dijo lamentar la falta de cooperación del gobierno venezolano y aseguró que «continuará trabajando para promover la justicia para las víctimas y la rendición de cuentas para os perpetradores».
