45 países denunciaron este martes 10 ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU «la grave crisis estructural» de DDHH, así como el aceleramiento de la represión en Venezuela tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, con la detención arbitraria de miles de personas y la persecución judicial contra la principal candidatura opositora.
En una participación en los debates de la 57° Asamblea General del Consejo, la representación de Argentina, a nombre del grupo de países, señaló su profunda preocupación por esta crisis, debido a los centenares de detenciones arbitrarias de activistas políticos, periodistas y manifestantes, entre ellos adolescentes, mujeres y personas con discapacidad.
También se denunció la ocurrencia de desapariciones forzadas, el uso desproporcionado de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad «y de grupos de civiles armados conocidos como colectivos», los llamamientos del Estado para que se presenten denuncias en contra de quienes participaron en manifestaciones pacíficas; cancelaciones de pasaportes a periodistas y defensores de derechos humanos; «así como la persecución judicial, iniciada por el Estado venezolano contra el candidato presidencial Edmundo González Urrutia».
«Bajo la excusa de incitación al odio o bajo la legislación antiterrorista se persigue, detiene y priva de la libertad a personas que buscan ejercer sus derechos políticos y su legítimo derecho a la protesta pacífica. Además, hemos sido testigos de acciones que se dirigen a la persecución de niños, niñas y los adolescentes, por lo que reclamamos con firmeza la obligación de garantizar que sean tratados con estricto apego a las normas internacionales», subrayó el grupo de países.
Calificaron además como «preocupante el daño que estas acciones ocasionan al Estado de derecho, la democracia y al respeto a las libertades civiles y políticas del pueblo venezolano».
Por ello, solicitaron al gobierno venezolano a liberar «de forma incondicional e inmediata» a todas las personas detenidas arbitrariamente, a poner fin a la ola de represión, y a respetar las normas internacionales del debido proceso y las condiciones de detención.
También se exhortó a que se reanude la cooperación con la oficina del Alto Comisionado y que se permita el ingreso al país de la Misión de Determinación de Hechos «para que puedan cumplir debidamente con sus mandatos».
Con información de: Tal Cual
