Desde el Centro Popular de Formación Ciudadana (CPCF) el coordinador de la institución, Cipriano Heredia, advirtió que el decreto de Estado de Excepción y Cierre de la Frontera, que inició en seis municipios tachirenses y se extendió recientemente a tres municipios del estado Zulia, podría extenderse a otras entidades como Apure, Amazonas y Bolívar y abarcar al menos quince municipalidades más.
Heredia apuntó que, además de las violaciones constantes a los Derechos Humanos y garantías civiles, la realización de las elecciones parlamentarias en esas entidades podría representar escenarios adversos para sectores opositores y facilitar eventos proselitistas del sector oficial, quienes sí tendrían capacidad de movilización en zonas restringidas para el resto de la ciudadanía.
“Advertimos, y lo hicimos desde el primer momento, que detrás de esto puede haber intención electoral. Si bien es cierto que el derecho al sufragio está contemplado como una de las garantías que nos e puede suspender, así como no se puede suspender el derecho a la vida e integridad física, también es cierto que realizar una campaña electoral en municipios que pudieran tener suspensión de garantías de aquí a diciembre, con libertades como tránsito, reunión y manifestación suspendidas, haría que esto fuera campaña irregular siempre en contra de la oposición y a favor del Gobierno y del Psuv que sí podrían movilizarse a sus anchas” apuntó.
Por su parte, la abogada y coordinadora de Derechos Humanos del CPFC, Larilem Rodríguez, destacó la cantidad de irregularidades cometidas por el Estado Venezolano desde la promulgación del Decreto de Estado de Excepción y cierre de frontera con Colombia en los estados Táchira y Zulia.
La jurista destacó que se suspendieron derechos que no estaban establecidos dentro de los artículos de la Ley Orgánica de Estados de Excepción, como la restricción de traslado, distribución y almacenamiento de alimentos esenciales. “Esto es grave porque están afectando el derecho al libre comercio, el Estado puede decidir que se puede vender, cuando y en qué cantidad” afirmó.
Resaltó que, además de violaciones a DDHH que ya fueron constatadas y tipificadas desde el inicio, se le suma violación a normas internacionales como el derecho al asilo, al repatriar personas que solicitaron ser refugiados en el país, así como derechos ciudadanos de niños venezolanos con padre (o padres) colombianos, a quienes se les dejó en estado indefensión.
“A través del Saime se establecerán controles migratorios, es decir, se determinará cuales personas pueden ingresar legalmente al territorio venezolano. Otra ilegalidad es que la duración del Estado de Excepción es de 60 días prorrogables y la Ley Orgánica de Estados de Excepción dice que se establece un número ilimitado de días en vigencia pero no dice que se puede prorrogar” señaló.
Prensa de Solidaridad
