“En las cárceles del Ministerio de Asuntos Penitenciarios hay 56 mil presos, pero en las comisarías policiales hay más de 33 mil, por lo que resulta evidente que los derechos de estos hombres y mujeres han sido violentados de todas las formas posibles”, sentenció el director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Humberto Prado, en el foro sobre “Violencia e Inseguridad: Propuestas para superarlas desde la mirada de los expertos“.
El encuentro reunió a los observatorios venezolanos de Violencia y de Prisiones, a Paz Activa, a la dirección de Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la ONG Acceso a la Justicia, especialistas en criminología, la academia y la Iglesia, que mostraron cuáles son los efectos más perniciosos de la violencia e impunidad en Venezuela.
Asimismo, reiteró la ineficiencia del Estado venezolano y principalmente de la titular de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, para solventar los casos de canibalismo, tortura, hambre y enfermedades que se incrementan a diario entre la población penitenciaria, lo que los convierte en cómplices de estos hechos que además atentan contra la sociedad civil venezolana, pues resulta imposible que un preso logre regenerarse en un ambiente hostil de este tipo.
Prado también expuso que actualmente no se tienen cifras exactas de cuántos calabozos policiales existen en el país, e incluso ni los dirigentes políticos que manejan el tema carcelario tienen acceso a esta información. Entre los ponentes también destacó el criminólogo Fermín Mármol García, quien aclaró algunos puntos de relevancia sobre los “bloques criminales y el nuevo plan de seguridad”.
Al respecto, Mármol García sentenció que el nuevo plan de seguridad del Gobierno omitió dos medidas de vital importancia como un programa desarme y el fortalecimiento del Cicpc, organismo que registra un déficit de 300 % de agentes. “Existen seudo sindicatos organizados para delinquir con artículos de primera necesidad, entre ellos algunos consejos comunales cuyos miembros se lucran con la comercialización de la comida y hasta medicamentos”, agregó.
Por su parte, Gloria Perdomo presentó el informe del Observatorio Venezolano de Prisiones del año 2016, donde mostraron los rasgos más preocupantes de la violencia en Venezuela y quedó en evidencia la grave e inédita situación de robos de alimentos, cuyo flagelo ya no es solamente perpetrado por adultos sino que se ha incrementado el número de niños que son amaestrados para delinquir y llevar un plato de comida a sus hogares.
Magaly Vásquez presentó la ponencia “Legislación Penal e Inseguridad”, en la cual sentenció que las políticas penales no promueven efectividad en seguridad ciudadana, además de que las modificaciones que se le hacen a las leyes no abordan el tema educativo y cultural desde la perspectiva de la violencia.
En tanto, los periodistas Ronna Rísquez y Javier Mayorca expusieron sobre la falta de un plan de seguridad que sea verdaderamente efectivo, tales como el nuevo Plan de Seguridad 2021, el cual no ha tenido ningún resultado durante los primeros 14 días, el diagnóstico de la delincuencia organizada en Venezuela y la gravísima situación de armamento delictivo.
«La delincuencia organizada en Venezuela es de enganche político y un negocio lucrativo muy grave para el país. Tampoco se puede dejar de lado la grave situación de la delincuencia organizada en Venezuela por medio de los cuerpos policiales y militares, pues estos son cómplices de muchos delitos y ellos también los ejecutan. No existe un filtro para los efectivos policiales, por eso vemos cómo muchos son hasta delincuentes que vestidos de policías cometen delitos contra la sociedad civil”, sentenció Mayorca.
Laura Louza, de Acceso a la Justicia, señaló que en Venezuela hay 2.099 jueces, lo que representa 6,75 jueces por cada 100 mil habitantes. De igual manera, enfatizó que 73 % de los jueces no son titulares sino designados a dedo, lo que genera una situación de inestabilidad para los integrantes del poder judicial; esta situación podría ser una de las causas de la elevada impunidad.
En ese sentido, el padre Raúl Hernández, de la dirección de Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela (UCV), puntualizó que “uno de los efectos más perniciosos de la impunidad es que es un resorte que estimula la inseguridad; eso lo evidenciamos en Venezuela, donde la impunidad alcanza 98 % y terminó impulsando las cifras de inseguridad que nos convirtieron en el país más violento del mundo el año pasado, en el que murieron 28 mil 470 personas en hechos violentos, de acuerdo al balance presentado por el Observatorio Venezolano de Violencia”. /PDO/gf
