Más de mil efectivos policiales y militares se encuentran bajo investigación por su conducta en los operativos realizados por los cuerpos de seguridad del Estado para atacar el problema de la delincuencia
Un total de 505 personas resultaron muertas durante la implementación de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) desde su aparición en el año 2015 hasta el pasado mes de marzo de 2017, de acuerdo a un informe elaborado y dado a conocer por el Ministerio Público.
El informe identificado con el nombre de «Actuaciones del Ministerio Público relacionadas con la OLP en Venezuela (Julio 2015 – Marzo 2017)» recoge las observaciones de la Fiscalía al plan de seguridad activado desde el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, a cargo del mayor general Gustavo González López el 13 de julio del 2015, como una herramienta para enfrentar el tema de la inseguridad a nivel nacional.
De los 505 muertos, 478 eran adultos, 27 menores de edad y cuatro eran extranjeros, este último dato desmonta la tesis de la delincuencia paramilitar colombiana que esgrimía el para ese entonces ministro de Interior, Gustavo González López, puesto que solo el 0,79% de los fallecidos no era de nacionalidad venezolana.
Las entidades con el mayor número de víctimas durante los años 2015, 2016 y 2017 fueron el estado Carabobo con 136 muertes y el área metropolitana de Caracas, con 126 fallecidos, entre ambos acumulan el 51,9 % de las muertes ocurridas durante los operativos.
En relación a la incautación de drogas durante los 20 meses en que se ha activado la OLP, fueron incautados apenas 17 kilogramos de sustancias estupefacientes, 12 kilos el año 2015, cinco en 2016 y ninguno en lo que va de 2017.
Durante este período fueron incautadas 263 armas, entre armas de fuego, armas blancas y «otro tipo de armas», además se incautaron 174 vehículos.
Policías bajo la mira
Sin embargo, los resultados de las OLP como un programa eficiente de acción contra la inseguridad quedan entredicho ante los excesos perpetrados por los organismos de seguridad y que se reflejan en el documento que expone que mil 74 efectivos policiales y militares se encuentran bajo investigación por irregularidades durante la implementación de las tomas policiales de las comunidades.
El organismo con mayor número de funcionarios cuyas acciones fueron investigadas por el Ministerio Público fue el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, con 708 efectivos en los años 2015, 2016 y 2017; le sigue la Policía Nacional Bolivariana con 137 funcionarios investigados, las policías estatales ocupan el tercer lugar con 121 y en el cuarto lugar la Guardia Nacional Bolivariana con 77 averiguaciones.
De ese total 112 funcionarios fueron imputados por la comisión de delitos sancionados por las leyes venezolanas.
Otro aspecto que reseña el informe es que se abrieron 77 investigaciones por la comisión de otros delitos como violación de domicilio, hurto, amenaza, violencia privada, privación ilegítima de libertad, trato cruel, abuso de autoridad y destrucción de viviendas durante las OLP.
Destrucción de viviendas
De esas 77 averiguaciones abiertas, 49 corresponden a denuncias realizadas por vecinos por la destrucción de sus viviendas durante las OLP.
Cabe recordar que dos barrios ubicados en los primeros kilómetros de la carretera Panamericana fueron borrados del mapa durante una operación, todas las viviendas fueron derribadas y sus habitantes ubicados en albergues, en esa operación policial no hubo ni una persona detenida.
