Los gobernadores electos en Venezuela deberán jurar el martes ante la Asamblea Nacional Constituyente, un cuerpo plenipotenciario conformado por aliados del Gobierno, pero los opositores que ganaron no acudirán al acto en medio de denuncias de fraude y el desconocimiento de los resultados.
El oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ganó en 17 de los 23 estados en disputa en las elecciones del domingo y la oposición se quedó con cinco gobernaciones, según datos oficiales. La gobernación del estado Bolívar aún sigue en disputa.
Sin embargo, la oposición ha denunciado una lista de irregularidades y adelantó que sus candidatos no jurarán ante la constituyente, que consideran ilegítima, lo que podría abrir un nuevo capítulo en la crisis política venezolana.
“Proclamado Gobernador del Zulia reitero que no nos arrodillaremos ante nadie. Sólo ante Dios, el pueblo zuliano y la Constitución”, dijo el gobernador electo de Zulia, el opositor Juan Pablo Guanipa, adelantando que no acudiría al acto de juramentación del martes.
La oposición explicó que, legalmente, el juramento se debe tomar ante los parlamentos regionales y no frente a la Asamblea Nacional Constituyente. No obstante, el presidente Nicolás Maduro advirtió previamente que los candidatos que no se subordinen al cuerpo de 545 asambleístas, no podrán gobernar.
Al margen de lo que suceda en casa, donde la oposición convocó protestas para exigir un cambio en el sistema electoral, analistas creen que más sanciones podrían recaer sobre el Gobierno de Maduro luego de los polémicos comicios.
De hecho, el lunes, Washington dijo que las elecciones del domingo no fueron ni justas, ni libres y prometió usar su poder económico y diplomático para apoyar a los venezolanos que buscan restablecer la democracia en el país petrolero.
“Incluso sin pruebas concretas de fraude, es probable que la comunidad internacional responda con sanciones adicionales, dadas las artimañas preelectorales”, dijo Risa Grais-Targow de la firma Eurasia. “Esto incluye sanciones adicionales de la administración (de Donald) Trump y una primera ronda de sanciones de la Unión Europea”.
Con nuevas sanciones, el Gobierno de Venezuela sufriría más presión no sólo sobre los pagos de su millonaria deuda sino sobre la disponibilidad de alimentos y medicinas, ya que la mayoría son importadas por el propio Estado.
Por Diego Oré/Reuters
