Este martes la Asamblea Nacional (AN) en sesión ordinaria emitió un acuerdo en solidaridad ante la persecución política y las múltiples violaciones de los derechos humanos contra civiles y oficiales de la Fuerza Armada Nacional (FANB). Además, inició una investigación contra el director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Digcim), Iván Hernández Dala, por la presunta ejecución de torturas a decenas de presos políticos.
En el acuerdo, el Parlamento exige la inmediata liberación de los presos políticos civiles y militares que hoy son encarcelados por defender o manifestar sus ideales, y, asimismo, demandar que se respete el debido proceso y se detenga la violación de los Derechos Humanos de dichos ciudadanos, pues éstos están siendo víctimas de graves tratos crueles y torturas.
En este sentido el integrante de la Comisión Permanente de Seguridad y Defensa, diputado Franco Casella, rechazó la detención de más de 150 militares a manos del régimen y aseveró que la persecución política en Venezuela destroza la democracia, la República y sus instituciones para remplazarlas por el miedo.
“El miedo como mecanismo de control social afecta no solo al perseguido, esto es un problema de todos en la sociedad. La persecución política llega como atropello a los derechos humanos, atacando a la división de poderes, eliminando el Estado de derecho y violando el derecho a la defensa. La persecución política ahora se vive dentro de los cuarteles venezolanos, la supuesta unión cívica militar es una falacia. Hoy un régimen paranoico aferrado al poder en abierta complicidad con el alto mando militar persigue sin piedad a Generales, oficiales superiores, oficiales subalternos y a los profesionales de tropa, en ocasiones solo por elevar su voz en el marco de la Constitución. Este parlamento se solidariza con los hombres y mujeres de uniforme que son presos políticos militares.
El diputado Casella, aseguró que la dictadura de Nicolás Maduro comenzó el año con una ola de detenciones sembrando a militares expedientes falsos para acusarlos de rebelión y de delitos contra el decoro militar, además exhortó al parlamento a investigar las denuncias realizadas por abogados y familiares.
“Debemos investigar las denuncias públicas de torturas y de tratos crueles dentro de las cárceles militares realizadas por los abogados y los familiares. Debemos investigar las denuncias de quienes manifiestan que tienen más de 100 días sin ver a sus parientes, que no tienen acceso a un abogado defensor, investigar que ocurre dentro de DGCIM y su responsabilidad ante sus presuntas prácticas violatorias”.
Comunicaciones Voluntad/ Luis Rojas Ponce
