El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela en el exilio ordenó hoy a la Presidencia de su país que «dentro de un plazo perentorio» se presten en el Consulado General en Miami todos los servicios previstos por la ley venezolana.
La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo «legítimo», según su propia calificación, anunció hoy que aceptó una acción ejercida por un grupo de venezolanos residentes en Miami con vistas al «pleno funcionamiento» del Consulado General de Venezuela, que presenta «deficiencias» en sus servicios.
La sala está compuesta por los magistrados Antonio José Marval Jiménez, su presidente, y Ramsis Ghazzaqui, José Luis Rodríguez Piña, José Fernando Núñez y Manuel Espinoza Melet, todos ellos exiliados desde 2017.
El consulado fue cerrado en 2012 por orden del entonces presidente, Hugo Chávez, y fue reabierto este año por decisión del actual mandatario, Nicolás Maduro, de cara a las elecciones presidenciales adelantadas que tuvieron lugar el 20 de mayo, cuyos resultados no han sido reconocidos por EE.UU. y otros países.
Los magistrados en el exilio consideran que «el cierre o suspensión de actividades del Consulado General de Venezuela en Miami, anunciado el 12 de enero de 2012, obedeció a medida punitiva contra los nacionales de Venezuela residentes en la jurisdicción consular, por el solo hecho de ser en considerable mayoría, adversarios políticos o ideológicos del gobierno».
Según el TSJ «legítimo», la orden para que se presten servicios integrales en el Consulado de Miami tiene como objeto beneficiar a la «diáspora venezolana» en Estados Unidos que ha sufrido una «estigmatización» de parte de los Gobiernos chavistas.
Se trata de proteger «los derechos de los niños y adolescentes nacionales venezolanos» y los de «un elevado número de jubilados y pensionados».
El 13 de octubre de 2017, los magistrados nombrados por el Parlamento venezolano, de mayoría opositora, se configuraron como Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el Salón de las Américas de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Se autodenominan «Supremo legítimo» al considerar que el Tribunal oficial que funciona en Caracas fue nombrado «sin que se cumplieran los requisitos constitucionales» por la mayoría parlamentaria chavista justo antes de que la Asamblea Nacional (AN) pasara a manos de la oposición en enero de 2016.
El sur de Florida, especialmente la ciudad de Doral, en el condado de Miami-Dade, es donde se concentra la mayor cantidad de venezolanos en Estados Unidos, que son aproximadamente 750.000 personas, de acuerdo con organizaciones de esta comunidad.
La cifra incluye personas con residencia permanente o nacionalizadas, titulares de visas, solicitantes de asilo e inmigrantes sin permisos legales, según fuentes consultadas por Efe.
La organización Venezuela Awareness Foundation (VAF) señala que entre 2016 y 2017 se duplicó el número de venezolanos solicitantes de asilo en EE.UU., al pasar de 14.738 a 29.250.
En el primer trimestre de 2018 los venezolanos fueron los número uno en la lista de peticionarios de asilo político en Estados Unidos, con 7.610 solicitudes. EFE
