Locales cerrados, anaqueles vacíos y adultos mayores preocupados por el futuro de su pensión es el panorama que, según denunció este lunes Bárbara Quijada, dirigente política del Municipio Los Salias, enfrentan en las últimas horas los mirandinos ante los constantes anuncios del gobierno nacional.
Quijada agregó que durante toda la semana pasada los ciudadanos fueron testigos de la gran cantidad de comercios que simplemente decidieron comenzar a liquidar, “hay empresas en grandes centros comerciales que cerraron operaciones, despidieron trabajadores y se lanzaron a la quiebra”, aseguró.
-Lo mismo pasa en microempresas, ya no tienen nada en vitrinas, porque además de la incertidumbre generada por las medidas económicas, es imposible para cualquier comerciante mantener su negocio con estas medidas que no tienen sustento desde ningún punto de vista y que sin duda está aplicando el gobierno con el objetivo de estatizar la empresa privada del país.
Agregó que aunque ya colocaron una pestaña dentro de la página del IVSS para inscribir las empresas y sus nóminas, “lo que no dicen es de dónde viene el flujo de caja para poder aumentar los salarios y asumir este subsidio, porque sabemos que el país no tiene dinero y por eso es la hiperinflación, siguen emitiendo dinero inorgánico”, alertó.
Quijada, quien participó en el programa de opinión “Pola y Murolo a las 12” que transmite Mía 105.7 Fm, alertó que otra de las cosas que el gobierno no le dice a ninguna de las empresa es que ciertamente ofrecen ayudar con el subsidio los meses de septiembre, octubre y noviembre, pero “qué pasa con diciembre, cuando históricamente las empresas privadas tienen su gasto más grande en ese mes del año porque tienen el pago de los pasivos laborales, pago de vacaciones, aguinaldos”.
En cuanto al más reciente anuncio del presidente de Maduro de pagar la pensión a través del carnet de la patria, Quijada dijo que es ilegal solicitarle a cualquier ciudadano que tenga que tener un documento distinto a la cedula de identidad para cobrar lo que es su derecho, “porque no se lo están regalando, no es un bono, es el resultado de años de trabajo”.
“Lo que buscan es tener mayor control social con fines netamente político para obtener un beneficio. Es una medida más en la que el gobierno intenta chantajear a los venezolanos para que nos pleguemos a su ideología política o simplemente nos quieren expulsar del país”, dijo.
Daniel Murolo
