El canciller ecuatoriano, José Valencia, tildó este martes de «infundadas» las acusaciones de Venezuela y recalcó que su país «garantiza la seguridad de los migrantes» de esa nación, tras duras declaraciones cruzadas en torno al debate migratorio.
El Gobierno de Venezuela manifestó en la víspera su rechazo a los actos de xenofobia ocurridos el domingo contra migrantes venezolanos en Ecuador y responsabilizó al presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, por «toda infracción contra la integridad física, moral y ciudadana de los venezolanos que se encuentran en ese país».
Valencia -que forma parte de la delegación ecuatoriana que participa en el Foro Económico Mundial de Davos- reiteró el compromiso gubernamental a favor de la defensa, protección y el cumplimiento de los derechos humanos de los alrededor de 240.000 migrantes venezolanos que residen en el país.
Y calificó «de mala fe las acusaciones del Gobierno de Venezuela de que Quito incita una ola de xenofobia y discriminación en contra de sus connacionales a raíz de un crimen de género», según un comunicado de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia.
«Son acusaciones absolutamente sin fundamento. Luego del hecho que nos conmocionó a todos, que nos dio mucha rabia e indignación, el femicidio de Diana (por parte de un ciudadano de origen venezolano) frente a las cámaras generó una ola de indignación en el todo el país», dijo.
Pero, aseguró, «Ecuador se ha caracterizado siempre por diferenciar entre las acciones de un individuo, de un criminal en este caso, y las de un grupo humano determinado».
Valencia afirmó que actos e incidentes aislados de violencia serán perseguidos por el Estado ecuatoriano.
El titular de la diplomacia ecuatoriana insistió en que el éxodo venezolano no tiene precedentes en la historia reciente de América Latina y en que es un «problema regional».
Por ello, indicó, es indispensable abordarlo de una manera integral y regional porque este flujo migratorio tiene consecuencias sociales y económicas, no solo para los propios migrantes sino también para los países de acogida.
La migración pone presiones significativas en la prestación de servicios, las instituciones, los mercados laborales y las dinámicas sociales de las áreas receptoras e igualmente pone a prueba la capacidad de Estados, como Ecuador, que pese a sus restricciones fiscales garantiza el acceso a la educación, salud y empleo, dijo.
Acorde con registros oficiales, de los 240.000 venezolanos asentados en el país, el 42 por ciento tiene visa y permisos de trabajo, detalla el escrito.
Naciones Unidas solicitó a la comunidad internacional el aporte de 738 millones de dólares en 2019 para ayudar a los países suramericanos que acogen a los refugiados y migrantes venezolanos. EFE
