La ONG subrayó que nueve personas murieron y 122 resultaron heridas durante una manifestación celebrada el 15 de noviembre en la provincia de Chapare
La ONG subrayó que nueve personas murieron y 122 resultaron heridas durante una manifestación celebrada el 15 de noviembre en la provincia de ChapareLA PAZ. La ONG Human Rights Watch (HRW) acusó este martes al Gobierno interino de Bolivia de tomar “medidas abusivas” como el decreto que otorga inmunidad a los militares y denunció el acoso a periodistas independientes y a políticos opositores.
“Desde que Jeanine Áñez asumió el cargo como presidenta interina, el Gobierno ha adoptado y anunciado medidas alarmantes que van en contra de los estándares de los derechos humanos fundamentales”, asegura la organización en un comunicado, informa la agencia de noticias española EFE.
HRW subraya que el decreto “contribuye a dar impunidad a los abusos militares durante las operaciones de control de las concentraciones” y hace hincapié en el anuncio hecho por el Gobierno de que juzgará a periodistas y antiguos responsables de alto rango por “sedición”.
Para el director de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco, estas iniciativas “parecen priorizar la represión brutal de los oponentes y críticos y dar a las fuerzas armadas un cheque en blanco para cometer abusos en lugar de trabajar para restaurar el estado de derecho en el país”.
La ONG se suma así a las denuncias lanzadas por otras asociaciones como Amnistía Internacional (AI), que también pidió la derogación inmediata del decreto “que promueve impunidad para personal de las Fuerzas Armadas”, así como que se ponga fin a las violaciones de los derechos humanos.
“La grave crisis de derechos humanos que atraviesa Bolivia, tras las elecciones del 20 de octubre, se ha visto agravada por la intervención y el accionar de las fuerzas de seguridad. Cualquier mensaje que implique carta blanca para la impunidad es gravísimo”, declaró Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.
Para Vivanco, “las autoridades bolivianas deberían dejar de acosar a periodistas y opositores al gobierno y garantizar que las autoridades judiciales realicen investigaciones independientes, imparciales y rápidas sobre las muertes ocurridas durante los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes”.
