El dirigente nacional de Voluntad Popular, Juan Andrés Mejía y el candidato de la Unidad Democrática por la tolda naranja para la alcaldía del municipio Mario Briceño Iragorry en el estado Aragua, Delson Guarate, acudieron este lunes al Tribunal Primero de Ejecución para exigirle a la jueza Ada Marina de Armas que se pronuncie en relación a la cuarta solicitud de medida humanitaria para Iván Simonovis.
Mejía destacó que la medida fue introducida el pasado 29 de julio, lo que implica que la jueza tenía plazo hasta el pasado 9 de agosto para emitir una decisión, sin embargo, hasta la fecha los familiares del comisario no han tenido respuesta. El dirigente progresista recalcó que “la vida de Simonovis corre peligro, su estado de salud es muy delicado y vulnerable, cualquier afección podría causarle la muerte repentinamente. Voluntad Popular no está solicitando un indulto ni la excarcelación, estamos pidiendo una medida humanitaria para que se pueda reunir con su familia y que sea tratado por médicos de confianza, ya que en la cárcel no puede recibir el tratamiento adecuado porque no existen las condiciones aptas.”
Por su parte, Delson Guarate indicó que Simonovis es un ciudadano que debería gozar de los derechos establecidos en la Constitución Nacional y en la Carta Interamericana de los Derechos Humanos; destacó que el atropello de los mismos es inconstitucional.
Asimismo, el líder aragüeño recordó el indulto dado por el entonces presidente Rafael Caldera al fallecido Hugo Chávez, recalcando que fue una actuación netamente política. Recordó que inclusive el periodista José Vicente Rangel solicitó que se le otorgara la medida humanitaria a Simonovis. “Se le están violando flagrantemente los derechos, ¿qué están esperando entonces? no permitan que se muera en una celda”.
El comisario padece de diabetes e hipertensión arterial, patologías que anteriormente no sufría, esto aunado a osteoporosis severa, cinco hernias, dos discos de la columna fracturados, síndrome del túnel carpiano e hidronefrosis, lo que representa un grave deterioro de la salud del privado de libertad.
