El gobierno de Nicolás Maduro está discutiendo con las petroleras Rosneft, de Rusia; ENI de Italia y la española Repsol un nuevo esquema de asociaciones que otorgaría a estas empresas la mayoría accionaria de empresas mixtas, a cambio de nuevas inversiones y la reestructuración de parte de la deuda de Pdvsa, actualmente en default.
La información fue publicada por Bloomberg, citando fuentes conocedoras de las negociaciones, de las cuales ya se viene hablando en mentideros políticos y financieros, debido al colapso financiero que enfrenta el Ejecutivo venezolano.
Esta medida, que supondría el abandono «de décadas de monopolio estatal», tendría una viabilidad mínima sin el apoyo de la mayoría parlamentaria liderada por Juan Guaidó, reconocido como mandatario interino del país por más de 50 gobiernos, ya que las sanciones de Estados Unidos constituyen un formidable obstáculo para este cambio de condiciones que otorgaría el control de bloques petroleros a estas multinacionales.
Según la nota de Bloomberg, «la propuesta, que podría ofrecer un alivio financiero a la industria petrolera en desintegración, se encuentra en etapas iniciales y enfrenta grandes obstáculos. Las leyes venezolanas que rigen el negocio estatal de los hidrocarburos, tendrían que cambiarse. Además, existen desacuerdos sobre cómo financiar las operaciones, y las sanciones de Washington prohíben que las empresas estadounidenses hagan negocios con el régimen de Maduro sin una licencia de la OFAC. Las sanciones también han desanimado a las empresas no estadounidenses a invertir en Venezuela».
Analistas financieros estadounidenses sostienen que la situación financiera será aún más compleja este año, pese a la continuación de las operaciones de ventas de hidrocarburos, a través de complejos esquemas de comercialización, y la salida de oro, por lo que la administración de Nicolás Maduro podría verse forzada a hacer reformas muy duras y polémicas para conseguir capital.
La agencia estadounidense insiste en una información que fue desmentida, según la cual el gobierno habría ofrecido a tenedores de 60.000 millones de dólares en bonos una negociación, según la cual estos pasivos serían reestructurados y pagados con la renta de una empresa de exploración y producción petrolera montada al efecto en el extranjero.
En consecuencia, la operación que permitió la instalación de una cuestionada directiva en la Asamblea Nacional, presidida por Luis Parra, habría sido un requisito político para hacer posible las reformas legales y aprobaciones de convenios necesarias.
«Para que el Departamento del Tesoro de EE. UU. cambie su política, casi con certeza requerirá la aprobación del líder opositor Juan Guaidó, quien cuenta con el respaldo de Washington contra Maduro y es el líder de la Asamblea Nacional. Si bien Guaidó y la oposición están a favor de aumentar la participación extranjera y la inversión en Venezuela, no quieren hacer nada que ayude a Maduro a sobrevivir. Lo están presionando para que renuncie y permita nuevas elecciones presidenciales».
