No es fácil -ni para los mismos rusos- saber exactamente qué quiere y hacia dónde se dirige el déspota oriental, implacable y frío
El 23 de enero pasado la Duma rusa aprobó, en primera discusión, un proyecto de reforma constitucional introducido por el presidente Vladimir Putin intempestivamente. Aunque desde el año pasado se rumoreaba que este astuto autócrata tenía sus ojos puestos en la Constitución que rige al país euroasiático desde 1993, la movida agarró de sorpresa a todos. Al mejor estilo de su dictadura, Putin anunció el proyecto apenas el 15 de enero. La discusión en la Duma –si se puede llamar a eso discusión- no duró ni siquiera dos horas y el proyecto fue votado favorablemente incluso por la pseudo-oposición que él hizo elegir.
No es fácil -ni para los mismos rusos- saber exactamente qué quiere y hacia dónde se dirige el déspota oriental, implacable y frío. El control de la mayoría de los medios de comunicación por el Estado, la persecución, detención e incluso eliminación tanto de periodistas críticos como de líderes de la oposición destacados, y el establecimiento de severas restricciones a las redes sociales, han hecho que en cierta forma vuelvan a Rusia –guardando las distancias- aquellas cortinas de hierro de la época soviética, que hicieron surgir en los países occidentales la reputada especialidad de los kremlinólogos.
Sin embargo, el conocimiento de parte del articulado de la reforma, permite hacer inferencias claras de los principales objetivos del régimen: disminuir aún más la ya reducida autonomía de los poderes públicos, y crear una nueva arquitectura institucional que permita a Putin retirarse en 2024, cuando termina su actual período, y controlar desde la sombra todos los hilos del poder. Lo primero se observa claramente en la disposición que convierte al Consejo de Estado –hasta el momento una institución casi ceremonial- en un organismo súper poderoso, que “será responsable de determinar las direcciones principales de la política interna y exterior de la Federación Rusa”; y en artículos donde se establecen, por ejemplo, nuevas sanciones a los jueces constitucionales y supremos en circunstancias que cometan “actos que difamen el honor y la dignidad de un juez”.
También llaman mucho la atención las disposiciones referidas al Poder Ejecutivo. Pese a mantener el acentuado carácter presidencialista del estado ruso, la reforma pauta novedosas limitaciones al poder presidencial: la primera, quitarle la atribución de designar al Primer Ministro, y asignársela a la Duma; la segunda, establecer un período máximo de dos mandatos, consecutivos o no. Todo apunta a un diseño institucional que permitirá a Putin –seguramente a la cabeza del nuevo suprapoder, el Consejo de Estado- controlar a su sucesor en la presidencia, quien, obviamente, será una figura elegida a dedo.
Una pregunta que podría formularse es porqué Putin no optó por la reelección indefinida –como hizo Hugo Chávez en Venezuela- para así asegurarse sin intermediarios el control vitalicio del poder. La respuesta a esto tiene que ver con el continuo desgaste de su popularidad, que ha bajado a sus niveles más bajos en 20 años, de la mano del grave deterioro de la economía rusa y el creciente descontento social. Quizás un dejo de lucidez le permitió cerciorarse que él ya no suscita el entusiasmo y la adhesión febril de sus primeros tiempos, cuando llevó a la economía rusa a altísimos niveles de crecimiento, y que era preferible mantener su dominio más subrepticiamente. Mientras tanto, hasta el 2024 intentará seguir manteniendo en vilo a la sociedad rusa, reduciendo a la nada a la oposición, y manipulando a la opinión pública con su prédica nacionalista exacerbada, que alimenta ideales de expansionismo paneslavista que ya el zarismo y el régimen soviético supieron explotar.
RECUADRO
Constitución rusa
La constitución rusa actual fue aprobada en un referéndum en 1993, en medio de la una conflictiva situación que enfrentó al presidente Boris Yeltsin con la oposición comunista, que llevó a enfrentamientos cruentos que casi terminan en una guerra civil. Puede ser considerada como la primera constitución auténticamente democrática de Rusia, considerando que las aprobadas en la era soviética, pese a estatuir la elección popular, consagraban un sistema de partido único y el dominio de un autócrata. En esta carta magna se plasmaron por primera vez de una forma unívoca los derechos humanos y las libertades cívicas y políticas. Estatuyó, sin embargo, un sistema donde el presidente está claramente por encima de los demás órganos del poder, pudiendo disolver al Parlamento (Asamblea Federal) en caso de conflicto. Permite hasta dos mandatos presidenciales, situación que fue aprovechada plenamente por Putin, quien ejerció desde 1999 hasta 2008, y luego –después de la “interrupción” de Medvédev- desde 2012 hasta 2018, cuando obtuvo su cuarto mandato, que expira en 2024. En 2008 Medvédev hizo aprobar una enmienda que extendió el período presidencial de 4 a 6 años.
Fidel Canelón F.
