Luisa creyó entrar a las estaciones migratorias para regularizar su estancia en México, pero de repente se vio detenida. La muerte de 39 extranjeros en una de esas instalaciones reveló un atropello más contra quienes buscan llegar a Estados Unidos.
“Eso es un calabozo, un centro de reclusión, como si uno fuera un delincuente”, dijo a la AFP la venezolana Luisa Jiménez en Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos.
Se refiere al recinto donde estuvo detenida meses atrás en Tuxtla Gutiérrez, adonde según ella fue conducida con la promesa de que obtendría un permiso para estar en México antes de solicitar asilo en Estados Unidos. En realidad le notificaron que debía abandonar el país.
“Es un sitio asqueroso”, añade la mujer de 56 años de edad. Describe las condiciones similares a las del centro de Ciudad Juárez, donde un incendio mató a 39 migrantes recluidos en una celda, que ningún agente intentó abrir.
Esa tragedia se desencadenó la noche del pasado lunes cuando un migrante prendió fuego a colchones en medio de una protesta por una posible deportación, según las autoridades.
Interceptados en las calles
Varios fueron interceptados en calles donde pedían dinero, vendían artículos o limpiaban carros, también con la oferta de permisos de residencia.
“No hay extintores, detectores de humo. Sí hay cámaras”, cuenta a la AFP el nicaragüense Moisés Chávez, de 41 años de edad.
Apenas hace una semana estuvo retenido en el mismo calabozo, un lugar maloliente de 84 metros cuadrados donde los agentes tratan con desdén a los migrantes, según su descripción.
Era la segunda vez que lo conducían a esa dependencia del Instituto Nacional de Migración, en el ojo del huracán por el siniestro en el que fallecieron 18 guatemaltecos, 7 salvadoreños, 7 venezolanos, 6 hondureños y un colombiano.
Bajo sospecha de homicidio, la justicia libró órdenes de arresto contra tres funcionarios del INM, dos guardias privados y el migrante que habría generado el incendio.
Trato de preso
Imágenes de la cámara a la que alude Moisés revelaron el momento en que inició el fuego, sin que los agentes del INM o los vigilantes privados evacuaran a los 68 detenidos.
En el papel, este tipo de instalaciones son centros de servicio y de alojamiento para extranjeros que no pueden acreditar su permanencia legal en México.
Pero “ahí lo tratan a uno como preso”, asegura la venezolana Yusleidy García, quien estuvo detenida en la Estancia Provisional de Ciudad Juárez. A las mujeres y hombres los confinan en instalaciones separadas.
“Pasé la noche con frío, te quitan todas tus pertenencias. En la celda donde yo estaba había 150 personas”, denuncia.
Esas condiciones contrastan con las reglas para estos lugares emitidas por el gobierno en 2012, que ordenan alimentación adecuada, protocolos de higiene, así como “resguardo y protección de las personas y del inmueble” en caso de motines.
En las estancias provisionales los migrantes no pueden estar más de siete días.
A algunos los trasladan a estaciones migratorias, donde la estadía no debe superar los 15 días para resolver su situación y recibir asistencia jurídica, considerándose incluso la deportación.
Aunque los conducen con la promesa de permisos de residencia, migrantes consultados por la AFP cuentan que en realidad reciben notificaciones para abandonar México en plazos de 10 a 30 días.
“No son albergues»
Según Amnistía Internacional, en 2022 las autoridades recluyeron a por lo menos 318.660 personas en instalaciones migratorias y expulsaron a unas 106.000, incluidos menores.
Se debe “acabar con este mecanismo que ha causado innumerables daños, e incluso tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, a miles” de migrantes, denunció la organización tras el incendio.
“Las estaciones migratorias no son albergues, sino centros de detención, y las personas no están alojadas ahí, sino privadas de su libertad”, acusó la ONG, aludiendo a declaraciones del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.
A raíz de la catástrofe, la oficina de Naciones Unidas en México recordó que el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular proscribe las detenciones arbitrarias y pide que las legales duren lo menos posible.
Otras normas internacionales abogan por alternativas al arresto, evocó la ONU.
Luisa estuvo detenida dos días, tras un largo viaje en el que cuenta que durmió junto a cadáveres de migrantes en la selva del Darién, entre Colombia y Panamá, y comió de lo que otros tiraban.
Indignada por haber terminado presa cuando solo buscaba un permiso, encaró a un agente con una pregunta: “¿Es un delito migrar?”. “Me dio la espalda y se fue”, recuerda.
