Por: David Uzcátegui
En un reciente post que escribimos en la red social X, antes Twitter, recibimos muchos comentarios tras plantear una cuestión crucial: «Se hace urgente ya tomar una decisión con respecto al sistema eléctrico nacional. No podemos vivir de esta manera. Después de 17 años en manos del Estado, ¿cuál es el balance? ¿Positivo? ¿Negativo? Obvia la respuesta. En manos privadas funcionaba mucho mejor. Una alianza estratégica público-privada como se hace con el petróleo es perfectamente factible y mejoraría el servicio de manera inmediata.»
Este mensaje encapsula la frustración y el cansancio de millones de ciudadanos que, día tras día, se enfrentan a un servicio eléctrico deficiente y poco confiable. Este sistema, vital para el desarrollo económico y social, ha sido un talón de Aquiles para el país, afectando hogares, industrias y servicios esenciales; además de hundir la productividad del sector comercial y torpedear los bolsillos de los trabajadores y las familias.
Han sido años de reportes independientes sobre la insuficiente generación local y averías frecuentes de la infraestructura eléctrica. Los racionamientos del servicio persisten a pesar de las reiteradas promesas de que acabarían, que se han hecho una y otra vez sin resultados visibles.
Diversos estados han experimentado recientemente interrupciones cada vez más prolongadas en el suministro eléctrico. Comerciantes, residentes y muy especialmente enfermos con condiciones excepcionales, se han visto perjudicados con las fallas energéticas reiteradas y crecientes.
Tras 17 años bajo la administración estatal, es innegable que el balance del sistema eléctrico nacional es negativo. Los cortes de energía frecuentes, la falta de mantenimiento, y la ineficiente administración han convertido lo que debería ser un servicio básico en una fuente constante de problemas. La estatización, la centralización y la falta de competencia en el sector han llevado a un deterioro que parece irreversible bajo el actual modelo.
Recordemos que, antes de la estatización, el sistema eléctrico estaba en manos privadas y, aunque no era perfecto, funcionaba significativamente mejor. Las empresas privadas tenían incentivos para invertir en infraestructura y tecnología, y se garantizaba de manera automática un nivel mínimo de eficiencia y servicio. La transición al control estatal, supuestamente motivada por ideales de equidad y acceso universal, no ha logrado cumplir esas promesas.
La idea de una alianza público-privada no es nueva, pero cobra relevancia y urgencia en el contexto actual. El sector petrolero, bajo un modelo similar, ha demostrado que es posible combinar la inversión privada con la regulación estatal para obtener resultados positivos. Esta propuesta implica abrir el sector eléctrico a inversiones privadas, con la condición de quedar bajo supervisión estatal, asegurando así que los beneficios de la competencia y la eficiencia no se pierdan en la búsqueda de ganancias rápidas.
Las alianzas estratégicas podrían incluir acuerdos para modernizar la infraestructura, implementar tecnologías de energía renovable, y establecer mecanismos transparentes de tarifas que reflejen los costos reales del servicio pero que también consideren la capacidad de pago de los ciudadanos. Además, el sector privado podría aportar la experiencia y los recursos necesarios para capacitar al personal y mejorar la gestión operativa.
Implementar una alianza público-privada traería beneficios inmediatos. La mejora en la calidad del servicio se vería reflejada en una reducción de las interrupciones de servicio y un suministro más estable. La inversión privada aceleraría la modernización de las plantas y redes eléctricas, mientras que la competencia incentivaría la eficiencia y la innovación. Todo esto, a su vez, impulsaría el crecimiento económico al proporcionar una infraestructura confiable para las empresas y la industria.
Hay que aceptar y entender que la situación actual del sistema eléctrico nacional no se puede prolongar más. Se debe reconocer que la gestión totalmente en manos de la administración estatal centralizada, ha arrojado resultados claros y desalentadores. Es imperativo considerar modelos alternativos que puedan rescatar al país de esta crisis energética.
Es momento de dejar de lado los dogmas y tomar decisiones basadas en resultados y eficiencia. La urgencia no puede ser más clara: necesitamos un sistema eléctrico que funcione, y lo necesitamos ya. Una alianza estratégica público-privada, bien diseñada y ejecutada, tiene definitivamente el potencial de transformar de manera radical el panorama energético, brindando un servicio eficiente y confiable que permita al país avanzar hacia un futuro más próspero y sostenible.
