El Diario La Voz cumple hoy 60 años con sus puertas cerradas por una medida política de clausura dictada por el Gobierno. En el contexto de la situación que vivimos en Venezuela, tras el desastre provocado por los terremotos que sacudieron nuestro pais, quisieramos estar informando a la colectividad como lo hemos hecho siempre, pero nuestra Voz la han apagada.
Desde su fundación, el 4 de julio de 1966, el Diario La Voz ha sido un periódico que se consolidó como un espacio al servicio de la sociedad, respetando la pluralidad de tendencias que conforman la vida política en Venezuela. A lo largo de seis décadas, este medio ha cumplido rigurosamente con sus obligaciones legales y tributarias, manteniendo una línea editorial fiel a la verdad y a los principios éticos del periodismo.
Por esto, resulta desproporcionada la clausura dictada por el Gobierno Nacional en octubre de 2024, utilizando al SENIAT como instrumento de retaliación política. La medida surge tras la publicación de informaciones sobre la campaña electoral presidencial y los custionamientos que surgieron de la misma en 2024. Esta clausura cercenó la labor informativa del diario impidiendo su circulación en los estados Miranda, La Guaira y la zona metropolitana de Caracas.
Más allá del cierre, y bajo el argumento de cumplir “órdenes superiores”, funcionarios del ente tributario ejecutaron un número importante de medidas cautelares contra este medio de comunicación y sus accionistas a título personal. Estas medidas incluyen la prohibición de enajenar y gravar bienes, el bloqueo de cuentas bancarias y tarjetas de crédito, el embargo de activos muebles e inmuebles, y la restricción de salida del país y de zarpe, agotando así todo el catálogo de sanciones legales existentes.
Ante esta indefensión, los directivos del Diario acudieron al Juzgado Superior Sexto en lo Contencioso Tributario de Caracas, interponiendo un recurso y un Amparo Constitucional. El tribunal, conforme a la ley, declaró con lugar el amparo y ordenó levantar algunas medidas. No obstante, la respuesta gubernamental fue someter a los directivos José y Emilio Materán, junto a la consultora jurídica Dra. Blanca Suárez, a más de treinta días de interrogatorios en el DGCIM bajo una infundada acusación de un presunto soborno al juez.
Esta arbitrariedad fue acompañada en enero de 2024 con la detención de la Dra. Suárez y del juez Dr. Duncan Espina a quienes tuvieron más de 13 meses presos. Tras más de un año de reclusión, el Ministerio Público no presentó indicios ni pruebas que sustentaran el supuesto delito, por lo que ambas personas fueron absueltas y puestas en libertad. Sin embargo, el atropello no ha cesado, el diario permanece cerrado, acumulando cuantiosas perdidas financieras y dejando a más de 50 trabajadores sin el sustento de sus sueldos y beneficios.
En virtud de que el SENIAT ignoró el amparo otorgado (habiendo sido notificado oportunamente por el Tribunal) y no apeló en los lapsos legales, solicitamos un nuevo amparo en el Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario del Área Metropolitana de Caracas, al que no dieron oportunidad de pronunciarse, ya la causa fue acumulada a la Sentencia del Juzgado Sexto y remitida de oficio al TSJ, donde en una descarada manipulación política, se ratificaron todas las medidas contra el diario, sin establecer en que etapa quedaba el juicio y dejando el proceso legal en un limbo.
Hoy, ante este nuevo escenario politico iniciado en enero 2026, exigimos formalmente la reapertura de Diario La Voz. Es imperativo resarcir los daños causados por esta controversia política en favor del derecho de la colectividad a estar informada, del bienestar de sus trabajadores y del patrimonio de una empresa que hoy 4 de julio cumple 60 años trabajando por la democracia en Venezuela.
