Tras meses de presión por parte de los congresistas, Estados Unidos prohibió a finales de julio la entrada a ciertos funcionarios del Gobierno venezolano presuntamente vinculados con la violación de derechos humanos
La Administración de Barack Obama está dispuesta a trabajar con el Congreso en una posible ampliación de las sanciones al Gobierno de Venezuela, siempre que sean “individuales y no sectoriales” y no amenacen con dañar al pueblo venezolano, afirmó una alta funcionaria estadounidense.
“Hemos dejado claro que no nos opondremos a la legislación en el Congreso para imponer sanciones financieras (a Venezuela) en caso de que sean individuales y no sectoriales, y dependiendo del momento en que se produzcan”, dijo una funcionaria del Departamento de Estado, que pidió el anonimato, en una conferencia de prensa telefónica.
A finales de noviembre, uno de los principales asesores en política exterior de Obama, y el nominado como subsecretario de Estado de EE. UU., Anthony Blinken, aseguró durante una audiencia en el Senado que la Administración está dispuesta a trabajar con el Congreso para ampliar las sanciones al país sudamericano. Hasta ahora, el Gobierno de Obama había optado por dar espacio al diálogo entre el Ejecutivo y la oposición para resolver las tensiones por las protestas en Venezuela, y el secretario de Estado de EE. UU., John Kerry, advirtió en marzo de que imponer cualquier sanción es delicado por la “fragilidad de la economía” venezolana.
«No hay voluntad de cambio»
No obstante, la alta funcionaria estadounidense reconoció que la Administración está preocupada porque “ni en el frente político ni en el económico hay ninguna indicación de que haya una voluntad de cambio” en Venezuela.
“Creo que hay una enorme frustración en el Congreso (de EE. UU.) y el Ejecutivo de que nada de lo que hemos intentado parece estar funcionando, nada de lo que Unasur (Unión de Naciones Sudamericanas) ha intentado parece estar funcionando”, indicó.
Tras meses de presión por parte de los congresistas, Estados Unidos prohibió a finales de julio la entrada a ciertos funcionarios del Gobierno venezolano presuntamente vinculados con la violación de derechos humanos.
No obstante, varios legisladores insisten en la necesidad de medidas más drásticas, como las contenidas en el proyecto de ley que el senador republicano Marco Rubio presentó en marzo junto a los demócratas Robert Menéndez y Bill Nelson
Vía EFE
