Paciano Padrón
Diosdado, que según se dice es el cabello del cual pende Maduro, tiene como Presidente del Parlamento actos de atropellos ilegales e ilegítimos. El Tte. Cabello, tal vez pensando que maneja tropa en la Edad Media, se le ocurrió anunciar que no daría la palabra a ningún Diputado, si antes no reconoce a Maduro como Presidente. Tal brutal torpeza es inédita en Venezuela
Apegado a formalismos de ley, podría decirse que el gobierno de Nicolás es legal, pero por donde lo mire es ilegítimo. A no dudarlo, legalidad y legitimidad son conceptos diferentes: se puede ser legal e ilegítimo o ilegal y legítimo, también legal y legítimo, o ilegal e ilegítimo. El régimen de quien se autocalifica hijo del difunto es ilegal e ilegítimo. La legalidad la determinan las autoridades constituidas, en última instancia el Poder Judicial; la legitimidad del gobernante la juzga el pueblo. El Presidente Maduro es ilegítimo por to’el cañón.
Un ejemplo facilita la comprensión de los conceptos de legalidad y legitimidad. Como se sabe, la ley en China condena a abortar a partir del segundo hijo engendrado; de tal manera, el aborto en tal circunstancia es legal, es conforme a la letra de la ley, pero por to’el cañón es ilegítimo, es absurdo y aberrante obligar a una mujer a abortar, a matar el hijo que tiene en el vientre. Se evidencia, en consecuencia, la diferencia entre legalidad y legitimidad.
La doctrina clásica distingue a los gobiernos legítimos de los ilegítimos, entendiendo como requisito básico de legitimación del gobernante haber obtenido mayoría de votos, tener respaldo popular. Pero no es solo cuestión de números, otra legitimidad, más profunda aún, es la cualitativa o moral, referida a la percepción mayoritaria que tenga el pueblo sobre si el presidente es confiable y moralmente responsable para conducir el país.
Se habla igualmente de legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio. Chávez, en 1999, fue un presidente con legitimidad de origen, no obstante en el transcurso de catorce largos años de ejercicio del poder fue, progresivamente, abrazándose a la ilegitimidad, al imponer su proyecto autoritario socialista y destruir las instituciones democráticas. Maduro es ilegal e ilegítimo de origen, usurpó la presidencia a partir del 10 de enero de 2013, y su posterior elección, producto de infinidad de violaciones del Estado de Derecho, le dan ilegitimidad de origen, ilegitimidad que se agrava en el ejercicio insolente del cargo.
La historia está llena de ejemplos de gobernantes ilegítimos, cuya ilegitimidad cava su fosa. La procesión fúnebre está en marcha.
Diosdado, que según se dice es el cabello del cual pende Maduro, tiene como Presidente del Parlamento actos de atropellos ilegales e ilegítimos. El Tte. Cabello, tal vez pensando que maneja tropa en la Edad Media, se le ocurrió anunciar que no daría la palabra a ningún Diputado, si antes no reconoce a Maduro como Presidente. Tal brutal torpeza es inédita en Venezuela. Con razón se ha dicho que este desafuero contraviene la Constitución, ya que los diputados “no son responsables por votos y opiniones emitidos en el ejercicio de sus funciones” (Art. 199); gozan “de inmunidad en el ejercicio de sus atribuciones” (Art. 200) y no están sujetos “a mandatos ni instrucciones, sino solo a su conciencia” (Art. 201).
La situación es más grave, Cabello atropella nuestra historia constitucional, ya que desde la primera Constitución de la República -la de diciembre de 1811 sancionada por el mismo Congreso que el 5 de julio declaró la Independencia- se consagran los fueros parlamentarios. Reza en su artículo 69 la Constitución Auroral de 1811 que los Representantes y Senadores disfrutan de inmunidad “durante el tiempo que desempeñen sus funciones” y no son “responsables de sus discursos u opiniones”. Normas semejantes a estas se repiten en las otras 26 constituciones que ha tenido la República, incluso en las seis del dictador Juan Vicente Gómez. De modo que al pretender Diosdado poner alicate en la boca de los parlamentarios, está violentando normas históricamente fundamentales de la República y la democracia. También Diosdado actúa de manera ilegal e ilegítima. Sin discusión, este régimen es ilegítimo por to’el cañón.
