Las movilizaciones dejan ver las acciones de los radicales, entre las que se destacan los despidos y violación de la privacidad de los empleados públicos que supuestamente votaron por Capriles, y las amenazas con quitarle las viviendas asignadas a damnificados o venezolanos pobres que no votaron por Maduro
Luis Fuenmayor Toro
Parece que la obra de teatro desarrollada entre el Gobierno y la oposición de la MUD llega a su fin, luego de la decisión del Consejo Nacional Electoral de realizar la verificación ciudadana de las urnas electorales restantes, tal y como lo había solicitado la misma noche de las elecciones el rector Vicente Díaz. Pero no, en aquel momento negaron la solicitud y lo dejaron presentando solo su solicitud ante la prensa, situación que, a pesar de ser noticia, no televisó la democrática y plural Venezolana de Televisión. Maduro en su discurso de esa misma noche, se manifestó, incluso en forma retadora, de acuerdo con la extensión de la llamada auditoría, para luego, imagino después de considerarse la solicitud en el seno del Gobierno, decidir que no se efectuaría ninguna revisión adicional, lo cual fue informado oficialmente por Tibisay Lucena.
En este momento de la situación, el Gobierno sabía con seguridad que la decisión sería el estímulo para la protesta masiva de la oposición, al permitir toda suerte de comentarios, elucubraciones y acusaciones. Al parecer, así quería que sucediera, posiblemente para estimular, develar y yugular las conductas opositoras más extremas y para iniciar un proceso de confrontación al cual sacarle provecho político. La protesta cívica se produjo en forma inmediata y la oposición, principalmente Capriles Radonski, la dirigió también en el sentido de lograr consolidar su claro triunfo político y solidificar su liderazgo del sector. De allí en adelante vino todo un juego, que tuvo como protagonistas a las dos dirigencias enfrentadas y como marionetas impulsadas por sus afectos a los votantes seguidores de cada una de ellas.
Entre las acusaciones mutuas realizadas aparecieron las de siempre, ésas que la costumbre no permite considerar serias, a pesar del peligro que encierran: “el curso de una conspiración golpista casi a punto de producirse, dirigida por el candidato opositor y el Pentágono”, y la “transformación del gobierno en un régimen dictatorial y asesino similar al castrocomunismo cubano”. Dirigentes chavecistas y opositores se muestran iracundos o con rostros graves, ante el futuro inmediato que le espera al país, y “luchan ferozmente” por la patria de Bolívar. Diosdado arriesga su vida en su lucha con la oposición y a gritos prohíbe el derecho de palabra de los diputados opositores en la Asamblea; Capriles, en un peligrosísimo acto de arrojo, llama a las masas a resistir la arremetida dictatorial, a no caer en provocaciones y a “cacerolear”.
Las movilizaciones dejan ver las acciones de los radicales, entre las que se destacan los despidos y violación de la privacidad de los empleados públicos que supuestamente votaron por Capriles, y las amenazas con quitarle las viviendas asignadas a damnificados o venezolanos pobres que no votaron por Maduro. Otras supuestas acciones son las conducentes a las muertes de varios venezolanos en circunstancias no aclaradas, pero atribuidas a los opositores, y unos centros de salud hostigados pero no destruidos, como se dijo, por los mismos extremistas. La decisión del CNE de aceptar la petición opositora debe calmar los ánimos por ahora. Los hechos no han pasado a más.
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